Organizado por el Instituto de Capacitación Judicial de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR) y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y CABA (JUFEJUS) quedó inaugurado hoy el 1° Encuentro de Directores y Responsables de las Escuelas Judiciales de Argentina e Iberoamérica “La capacitación Judicial en la pos pandemia”.
De la actividad realizada en el Centro Cultural Kirchner en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participaron en el panel de apertura el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, la presidenta de JUFEJUS y jueza del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Maria del Carmen Battaini, y la presidenta de REFLEJAR y miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, vocal Claudia Mizawak.
En el encuentro, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos destacó la “saludable relación que permite que la Junta Federal de Cortes sea un aliado inestimable a la hora implementar acciones y programas conjuntos para tener Poderes Judiciales modernos y ágiles que permitan ampliar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
“Desde el Ministerio de Justicia tenemos como prioridad acompañar y fortalecer al Poder Judicial. En esa línea, desde el gobierno nacional promovimos acuerdos para lograr una gestión federal que respete y asista a cada provincia y a cada uno de los veintitrés Poderes Judiciales provinciales, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos -sin importar su lugar de nacimiento o donde habitan- cuenten con los mismos servicios y oportunidades”, afirmó Soria durante la inauguración.
El encuentro contó de ministros y ministras de las Cortes y Tribunales Superiores de Justicia de Santa Fe, Entre Ríos, Rio Negro, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes, Chubut, Catamarca, Misiones, Tucumán y Chaco; directores y responsables de Escuelas de Escuelas de Argentina e Iberoamérica.
Formación y actualización
Claudia Mizawak, presidenta REFLEJAR, resaltó que las escuelas judiciales están dedicadas a la formación y actualización permanente de aspirantes a jueces, juezas, magistradas y magistrados. “Apuntalamos las políticas públicas que dictan los Superiores Tribunales de Justicia y las Cortes de las provincias, para impulsar las transformaciones tecnológicas, los procesos orales, para capacitar también a otras profesiones que hoy integran los poderes judiciales y prestan servicio de justicia como psicólogas/os, médicas/os, psiquiatras, técnicos”
Firma de acuerdos
El ministro Soria y la presidenta de JUFEJUS, María Carmen Battaini, firmaron cuatro acuerdos que permitirán desarrollar un sistema de capacitaciones permanente destinado magistrados y funcionarios judiciales en materia de intercambio de información judicial y derechos humanos, como así también fortalecer el Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR) del Ministerio.
Por su parte, la presidente de la JUFEJUS, Battaini, sostuvo “Si queremos generar políticas institucionales para los poderes judiciales que sean transformadoras y acordes con la realidad que nos ocupa, tenemos que apostar al trabajo conjunto, a trabajos que tengan como valor principal brindar un servicio de justicia cada día más eficaz y eficiente”.
Entre los acuerdos firmados se destaca el vinculado al fortalecimiento del programa Patrocinar, que permitirá que la JUFEJUS funcione de nexo entre la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas, a cargo de Azul Romero Beery, y las distintas cortes y tribunales provinciales del país para asegurar la gratuidad en la tramitación de las causas en las que intervengan los equipos del patrocinar. El acuerdo permitirá que se exima el pago de los gastos de justicia para los casos en los que intervengan profesionales de la política del ministerio de justicia.
También rubricaron dos actas que permitirán dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, históricamente incumplida por nuestro país, (caso “Mendoza vs Argentina”) y cumplir el futuro acuerdo de resolución amistosa que el Estado Argentino está próximo a suscribir en el caso “Galvan”, en el marco de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
