Aproximadamente 500 trabajadores de Caminos del Río Uruguay (Crusa) atraviesan momentos de gran incertidumbre ante la inminente finalización de la concesión de las rutas 12, 14 y 174, prevista para el próximo 8 de abril. Los empleados, en su mayoría residentes de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y provincias como Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, manifiestan profunda preocupación por el futuro de sus puestos de trabajo.
La intervención anunciada de Vialidad Nacional en la administración de estas vías, que podría incluir la suspensión indefinida del cobro de peajes, no solo afectaría a los trabajadores sino que también podría acelerar el deterioro de la infraestructura vial. El Corredor Vial Nº 18 comprende las rutas nacionales 12 desde Zárate hasta Ceibas, la 14 hasta Paso de los Libres, la ruta 135 en Colón, la A-015 en Concordia, la 117 en Paso de los Libres y la 174 en el enlace Rosario – Victoria.
Según denunciaron los trabajadores agrupados, tras varias reuniones con la Dirección Nacional de Vialidad, «la autoridad gubernamental rechazó dar una respuesta respecto de la situación de los más de 500 empleados». «Por este motivo y pese al insistente pedido que realizó Crusa, ellos y sus familias, en su mayoría oriundas de localidades de la zona, no encuentran hoy certezas sobre su futuro a partir de la caída de la concesión», explicaron.
Desde la empresa concesionaria afirman haber acercado esta problemática «por todos los medios posibles a los funcionarios gubernamentales, quienes se negaron a hacerse cargo de la situación». A pesar de esta respuesta, Crusa asegura que «seguirá buscando alternativas para los trabajadores y sus familias».
La empresa considera que la solución más razonable sería prorrogar la concesión actual hasta definir claramente el rumbo de una nueva licitación. «Esto significa, o bien Crusa continúe con su administración, o que comience una transición ordenada a una nueva concesionaria. Lamentablemente, desde el Gobierno Nacional, se rechazó esta propuesta ofrecida de buena fe», lamentaron.
Mariano Bradanini, vocero del actual concesionario, se refirió recientemente a la audiencia llevada a cabo en Gualeguaychú: «Según lo que pudimos ver en la primera audiencia, las constructoras dieron su parecer de que no era para nada serio trabajar sobre un pliego provisorio y que tenía varias alternativas que no iban de la mano de un negocio mínimamente sustentable en el tiempo». Y agregó: «No solo nosotros, con todo lo que nos está pasando, sino también otras constructoras que participaron de la audiencia dieron su parecer y que ante este pliego era imposible participar».
Crusa también recordó los incumplimientos históricos del Estado Nacional desde 2009, señalando que «desde el año 2009 no respeta el contrato. Un panorama común para las concesiones de servicios públicos luego de la salida de la Convertibilidad y por más de 20 años en los cuales se violentaron las condiciones contractuales».
Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) expresó su preocupación no solo por la defensa de los derechos laborales, sino también por las falencias del sistema vial argentino que afectan directamente a millones de usuarios. El gremio señaló el atraso tarifario del 300% desde 2018 y cuestionó los aumentos prometidos que no se han concretado este año. «¿Qué solución se ofrecerá a los usuarios que padecen el deterioro de las rutas? ¿Quiénes invertirán en obras de infraestructura sin una tarifa asegurada?», expresaron desde el sindicato.
A menos de un mes del vencimiento de la concesión, tanto trabajadores como usuarios aguardan definiciones que despejen la incertidumbre sobre el futuro del corredor vial.
