Seis organizaciones socioambientales presentaron una acción judicial contra el gobernador Rogelio Frigerio por autorizar en mayo pasado la caza de cinco especies de aves autóctonas en la provincia. La demanda, presentada ante la Sala Contencioso Administrativa de Paraná, sostiene que la medida es inconstitucional y contraria a tratados internacionales de protección ambiental.
Las especies afectadas por la resolución oficial son el Sirirí Pampa, Pato Picazo, Pato Cutirí, Pato de Collar e Inambú (perdiz), todas nativas de los humedales y ecosistemas naturales de la región. La habilitación para su caza generó una inmediata ola de repudios por parte de entidades dedicadas a la defensa de la biodiversidad, quienes alertan sobre el grave retroceso que implica esta medida.
“Entre Ríos ha tenido un avance significativo en materia de derecho animal en los últimos años, pero la habilitación de la caza de animales autóctonos por parte del Poder Ejecutivo es un claro retroceso”, señaló la Dra. Cecilia Domínguez, abogada representante del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), una de las instituciones firmantes.
Junto a CEYDAS, también impulsaron la demanda Conciencia Animal, Ayuda Animal, Ecoguay Gualeguay, Luz del Ibirá y Arroyo Perucho, todas organizaciones con trayectoria en el territorio entrerriano.
Inconstitucionalidad y violación de acuerdos ambientales
Según el escrito judicial, la resolución del gobierno provincial contraviene principios constitucionales de protección del ambiente (Artículo 41 de la Constitución Nacional) y viola compromisos internacionales firmados por la Argentina, como el Acuerdo de Escazú, la Convención de Bonn sobre Especies Migratorias, la Convención Ramsar sobre humedales, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Las entidades ambientalistas sostienen que estas aves, además de ser nativas, cumplen un rol fundamental en los ecosistemas acuáticos y terrestres, y que su caza no solo amenaza poblaciones locales, sino que deteriora gravemente el equilibrio ambiental en una provincia ya afectada por la expansión agrícola, la deforestación y los incendios forestales.
Una demanda con impacto nacional
El caso podría sentar precedente a nivel nacional, ya que se trata de uno de los primeros litigios ambientales que invocan el Acuerdo de Escazú en el ámbito judicial argentino. Este tratado, que promueve el acceso a la justicia ambiental, la información y la participación pública, entró en vigor en 2021 y ha sido clave para el fortalecimiento del activismo ambiental en América Latina.
Las organizaciones firmantes piden que se declare la inconstitucionalidad de la resolución que habilita la caza, se suspenda su ejecución de forma inmediata y se avance en la protección integral de las especies autóctonas, muchas de las cuales se encuentran en riesgo por la pérdida de hábitat y la presión humana.
