Luego de la intervención del Estado y de una instancia de negociación sostenida, más de 900 trabajadores aceptaron la propuesta presentada por la empresa, que establece un cronograma de regularización salarial con cancelación total de la deuda al 13 de febrero, incluyendo el reconocimiento y pago excepcional de los días no trabajados.
El acuerdo contempla además un esquema de pago para los haberes futuros, garantizando la continuidad productiva de la planta y la preservación de los puestos de trabajo.
Desde el Gobierno provincial se destacó la predisposición al diálogo de las partes y se subrayó el rol activo del Estado como garante del marco institucional, promoviendo una salida responsable al conflicto y brindando certidumbre y previsibilidad a los trabajadores y a la empresa.
Asimismo, se acordó la conformación de una mesa de seguimiento permanente, que permitirá monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos y sostener un canal de diálogo continuo, con el objetivo de prevenir nuevas situaciones de conflicto.
Autoridades provinciales remarcaron que «la intervención del Estado permitió encauzar el diálogo, cuidar el empleo y sostener la actividad productiva», y reafirmaron la decisión del Gobierno de acompañar a los trabajadores y al sector productivo, priorizando el entendimiento y la convivencia social.
