La medida fue dispuesta por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, en el marco de la investigación que busca determinar responsabilidades por un presunto delito de fraude a la Administración Pública.
La nueva extensión de las medidas de protección se mantendrá hasta el 6 de noviembre, con el objetivo de evitar posibles represalias contra los policías que aportaron información a la investigación.
Investigan un supuesto esquema con horas extra
De acuerdo con lo investigado hasta el momento, la maniobra habría funcionado entre 2023 y 2025.
El mecanismo investigado consistiría en que policías que efectivamente cumplían tareas adicionales aparecían administrativamente como si las horas extra hubieran sido realizadas por otros efectivos que se encontraban de franco.
Una vez percibido el dinero correspondiente, esos agentes debían retirarlo en efectivo y entregarlo a sus superiores.
Según la hipótesis que forma parte de la investigación, se les habría indicado que esos fondos serían utilizados para afrontar distintos gastos del servicio, entre ellos comida o reparaciones de patrulleros.
Para darle apariencia de legalidad al procedimiento, se habrían confeccionado nóminas falsas.
La Fiscalía también analiza si este mecanismo habría provocado un perjuicio económico al Estado provincial y busca determinar el monto que eventualmente habría sido afectado.
Medidas para evitar represalias
Como parte de las medidas de resguardo, se instruyó al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio Omar González, para que no disponga contra los denunciantes y testigos, sin sustento legal, traslados, cambios de turno, recortes, sanciones o modificaciones en sus condiciones laborales.
También deberá garantizarse que los efectivos involucrados y sus familias no sean víctimas de hostigamientos, intimidaciones o vigilancia indebida.
El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en una investigación por el presunto delito de desobediencia judicial.
La medida será comunicada además al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
Los policías cuentan con representación legal
Los efectivos que denunciaron la situación cuentan con el asesoramiento de los abogados Rubén Pagliotto y José Pastori.
Los letrados remarcaron la importancia de mantener las medidas de protección teniendo en cuenta la estructura jerárquica de la fuerza policial y el riesgo de que puedan producirse represalias contra quienes aportaron información en la causa.
La investigación continúa abierta y apunta a establecer con precisión cómo habría funcionado el supuesto esquema, cuál habría sido el perjuicio económico para el Estado y qué responsabilidad le correspondería a cada una de las personas involucradas.
