En el marco de un profundo proceso de reestructuración estatal, el Gobierno nacional se prepara para firmar un decreto que marcará un giro radical en la administración de la infraestructura vial y el transporte terrestre. La decisión, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, prevé la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y otros organismos, cuyas funciones pasarán a ser absorbidas por dependencias existentes o de nueva creación, incluyendo a la Gendarmería Nacional.
El anuncio cobra urgencia por un factor clave: el próximo 8 de julio vencen las facultades delegadas del ministro Federico Sturzenegger, lo que obliga al Ejecutivo a firmar y publicar el decreto antes de esa fecha. Aunque aún no hay confirmación oficial, fuentes gubernamentales aseguran que el texto se encuentra en etapa final y será dado a conocer en los próximos días.
El tránsito bajo control de las fuerzas de seguridad
Uno de los ejes más sensibles del decreto es el traspaso de competencias vinculadas al control de rutas y tránsito nacional a la Gendarmería. La medida busca consolidar en una sola estructura operativa funciones que hoy se encuentran repartidas entre varios entes, muchos de los cuales han perdido protagonismo o han visto reducidas sus funciones en los últimos años.
El nuevo esquema colocará a la Gendarmería como responsable directa de la fiscalización, el control y la prevención de infracciones de tránsito y transporte en rutas nacionales, pasos internacionales y áreas de control integrado. El Gobierno argumenta que la fuerza cuenta con la capacidad logística y territorial necesaria para asumir estas tareas de forma efectiva.
A su vez, los programas de seguridad vial que eran ejecutados por la ANSV, como el scoring de licencias o las campañas de concientización, quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.
El final de Vialidad Nacional
La Dirección Nacional de Vialidad, una de las instituciones más antiguas del país en materia de obra pública, será formalmente disuelta. Sus funciones, activos y recursos —incluidos títulos, letras del Tesoro y fondos sin destino específico— serán transferidos al Ministerio de Economía, que a partir de ahora quedará a cargo del mantenimiento de la red troncal de rutas nacionales y la adjudicación de obras de infraestructura.
El personal de Vialidad será temporalmente absorbido en sus cargos actuales, mientras se redefine su estructura administrativa.
En paralelo, se creará la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, un nuevo organismo destinado a supervisar los contratos de concesión en el ámbito ferroviario y vial, y que tendrá facultades para controlar la ejecución de las obras, fiscalizar tarifas y aranceles, y gestionar ingresos vinculados a la operación de estos servicios.
Reducción de estructuras y redefinición de roles
El proyecto también contempla la eliminación o transformación de otros entes con competencias solapadas. La Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, por ejemplo, será disuelta debido a la duplicación de tareas con la ANSV y la Subsecretaría de Transporte Automotor. Lo mismo sucederá con la CNRT, cuya injerencia en el control de transporte de pasajeros y cargas ha sido acotada por reformas anteriores.
En cuanto a la Junta de Seguridad en el Transporte, su ámbito de acción se restringirá exclusivamente a incidentes de aviación civil, y pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
Un cambio de paradigma
La reconfiguración del sistema nacional de transporte y movilidad se presenta como una de las reformas más ambiciosas desde la vuelta a la democracia. Bajo el argumento de reducir estructuras redundantes y ganar eficiencia operativa, el Gobierno busca redefinir el rol del Estado en la planificación, control y fiscalización del transporte.
Aún resta conocer los detalles técnicos del decreto, pero lo cierto es que, de concretarse en los próximos días, marcará el cierre de una etapa en la administración del transporte nacional, con fuertes implicancias operativas y políticas. (Uruguayenses)
