La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) expresó su rechazo a los aumentos salariales dispuestos por el Gobierno provincial para el sector docente y sostuvo que se trata de pagos “en negro” que, según la entidad, contradicen lo establecido por la Constitución de Entre Ríos.

En un comunicado, la organización cuestionó al gobernador Rogelio Frigerio por otorgar nuevamente incrementos bajo conceptos como incentivo docente, conectividad, antigüedad de más de diez años y diferencia hasta alcanzar el mínimo salarial.

Desde AJER señalaron que el artículo 82, inciso d), de la Constitución provincial establece que todo incremento salarial debe estar sujeto a aportes y contribuciones. En ese marco, consideraron que los montos mencionados no cumplen con esa disposición.

El impacto sobre los jubilados

La entidad advirtió que esta modalidad de pago también afecta a los jubilados provinciales, debido a que, según planteó, desde la reforma previsional la movilidad de sus haberes quedó vinculada a los aumentos que recibe el sector docente.

En particular, AJER sostuvo que los trabajadores judiciales jubilados resultan doblemente perjudicados: por la pérdida de la movilidad vinculada a los cargos que desempeñaron durante su carrera y sobre los cuales realizaron aportes, y porque no perciben los conceptos salariales que se abonan bajo esas modalidades.

El comunicado detalla que el incentivo docente y la conectividad representan montos de entre $200.000 y $340.000; la antigüedad de más de diez años, $50.000; y la diferencia hasta el mínimo, $90.000.

Finalmente, la Asociación Judicial de Entre Ríos manifestó su rechazo a la medida, a la que calificó como “inconstitucional, injusta e insensible”, y volvió a poner el foco en las consecuencias que, a su entender, tiene esta política salarial sobre los trabajadores jubilados.

(Uruguayenses.com)