Durante más de dos horas, la fiscal federal Josefina Minatta contextualizó la «histórica persecución» a los miembros del Partido Comunista en nuestro país y puso de relieve que durante la última dictadura «los integrantes del PC local fueron brutalmente perseguidos, cesanteados, encarcelados y severamente torturados, como en otras localidades de nuestro país». En tal sentido, recordó a «Chilo y Neco Zaragoza, Miguel Ángel Rousseaux, Manuel Liberoff y Elvio Ángel Bel” uruguayenses víctimas del terrorismo de Estado.
También enmarcó el accionar de los gendarmes Caserotto y Gómez del Junco dentro del esquema represivo instaurado por la dictadura y aportó las pruebas que combinan testimonios y documentos para confirmar la represión sistemática. La coherencia histórica de los relatos de las víctimas se posiciona como prueba fundamental debido al carácter clandestino de los delitos, mientras que los registros de la Unidad Penal 4 y las órdenes militares de liberación corroboran oficialmente las fechas, la intervención de Gendarmería y la subordinación de los detenidos al mando del Área 224.
Sin embargo, el avance de la justicia federal se produce en un contexto de soledad institucional. El pedido de la fiscal para que, una vez firme la sentencia, se notifique a la Dirección Nacional de Sitios, al Registro Unico de la Verdad (RUV) y a la Dirección municipal de Derechos Humanos para la señalización de cuatro sitios de memoria (el Escuadrón 6, la Unidad Penal N°4, una casa en las afueras y el Balneario Banco Pelay), expone una contradicción que no se puede disimular. Ante el retiro de los profesionales de Nación y Provincia, es la Municipalidad a través de su Dirección de Derechos Humanos la que ha tenido que garantizar el dispositivo de acompañamiento y actuar como notificadora de las víctimas por orden del Tribunal.
El RUV y una participación lejos de las víctimas.
Párrafo aparte merece la participación de la actual gestión del Registro Unico de la Verdad, como amicus curiae. Como sostiene quien fuera abogado querellante y ex director del organismo, Marcelo Boeykens: «Bargaña no aportó verdad, no aportó justicia ni reparación; sólo aportó estigmatización y sospecha al volver a interrogar las identidades políticas de las víctimas en vez de concentrarse en los crímenes del terrorismo de Estado». Las referencias de la Directora se limitaron a describir la balanza comercial con la ex URSS, una narrativa que banaliza el proceso y se aleja del rol de investigar y aportar pruebas.
Este juicio deja al descubierto que el gobierno de Entre Ríos carece de compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, alineándose con una política nacional que ha pasado del negacionismo a la reivindicación del terrorismo de Estado. De existir tal compromiso, se condenarían las visitas a genocidas organizadas por el diputado de su propio espacio, Beltrán Benedit. El silencio ante estos hechos confirma que el vaciamiento no es solo presupuestario, sino ideológico y la inacción ante represores y el desmantelamiento de equipos de acompañamiento son hoy la política de Derechos Humanos compartida entre Nación y Provincia.
