La causa judicial que investiga un presunto sobreprecio millonario en las obras de dragado del río Uruguay volvió a tomar impulso y reubicó en el centro de la escena a exintegrantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a directivos de la empresa Jan de Nul, histórica concesionaria de esos trabajos.

Por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez federal subrogante Hernán S. Viri, fueron citados a declaración indagatoria varios de los imputados en el expediente “CARU Comisión Administradora del Río Uruguay y otros s/ a determinar”, iniciado a partir de una denuncia presentada en julio de 2019.

Entre los convocados figuran tres exdelegados uruguayenses que integraron la Delegación Argentina ante la CARU entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri: Juan Enrique Ruiz Orrico, Mauro Héctor Vazón y Jorge Diego Satto. También fue citado Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la empresa que ejecutó las tareas de dragado.

El eje de la investigación apunta a supuestas irregularidades en la contratación y ejecución de las obras, que habrían generado un perjuicio económico estimado en más de 20 millones de dólares. Según la denuncia, los trabajos se habrían realizado con sobreprecios, comprometiendo tanto a la empresa adjudicataria como a funcionarios responsables del control y administración de los fondos públicos.

El caso adquiere una dimensión institucional particular debido a la situación actual de dos de los imputados. Mauro Vazón es actualmente presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, mientras que Jorge Satto se desempeña como secretario de Turismo de la provincia, ambos designados por el gobernador Rogelio Frigerio. La citación judicial alcanza así a funcionarios que hoy ocupan cargos estratégicos dentro de la estructura del Estado provincial.

En tanto, Ruiz Orrico enfrenta además una causa penal por un siniestro vial que provocó la muerte de cuatro jóvenes, cuyo juicio oral está previsto entre el 18 y el 27 de febrero de 2026.

De acuerdo a las notificaciones oficiales, algunas de las audiencias de indagatoria se realizarán de manera remota mediante la plataforma Google Meet. La Justicia también encomendó a la Gendarmería Nacional la tarea de efectuar las notificaciones personales, verificar domicilios y constatar la identidad de los imputados.

A más de cinco años de presentada la denuncia, la reactivación del expediente vuelve a colocar bajo escrutinio judicial el funcionamiento de la CARU y el manejo de fondos destinados a una obra estratégica para la navegación y el comercio regional, con derivaciones políticas e institucionales que reavivan el debate público en la provincia.