El Gobierno entrerriana cerró definitivamente un depósito de envases vacíos de fitosanitarios que funcionaba de forma irregular sobre la Ruta Nacional 12, kilómetro 375, en las cercanías de Aranguren, departamento Nogoyá. La instancia se dio luego de un exhaustivo proceso que se inició en mayo de 2024 luego de una inspección que se realizó luego de 16 años que no hubiera controles. La multa al titular del predio fue fijada en más de 46 millones de pesos.
La intervención por acopio ilegales de recipientes vacíos de agrotóxicos se realizó entre el 22 y el 24 de mayo de 2024 encabezada por la Brigada de Respuesta Ambiental de la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, el Ministerio de Trabajo y la Asociación Civil Campo Limpio.
En esa oportunidad, los técnicos y operarios de la dependencia del Ministerio de Desarrollo Económico se encontraron una gran cantidad de envases almacenados ilegalmente en instalaciones sin la habilitación correspondiente, pero que funcionó normalmente durante décadas. Luego de tres días de intenso trabajo, se retiraron y enviaron a disposición final toneladas de plástico contaminado, evitando que fueran derivados al chipeo y reciclado, una práctica peligrosa que había tenido lugar durante un largo tiempo en otro sitio cercano, propiedad de los mismos responsables.
Con el plástico reciclado de los bidones, pese a su alta peligrosidad, se elaboraban nuevos objetos de uso cotidiano. Los envases relevados y clasificados fueron trasladados a un Centro de Acopio Transitorio (CAT), con el objetivo de garantizar su tratamiento adecuado y una disposición final segura, a instancias de Campo Limpio, que tiene asignada por ley la responsabilidad de la gestión de los envases.
Ya en 2024 se impuso una suspensión provisoria de toda actividad en el establecimiento, lo que derivó en un sumario administrativo que concluyó recientemente. Como resultado, mediante resolución número 1.220, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, dispuso la clausura definitiva del predio, la imposición de una de $ 46.216.00 al titular del establecimiento, Gustavo Cordone, y la obligación de presentar un plan de remediación y recomposición ambiental.
Las sanciones impuestas fueron por infracciones a normativas clave como la Ley de Residuos Peligrosos (N.º 24.051), la Ley General del Ambiente (N.º 25.675) y la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios (N.º 27.279). Además, el plan de remediación ambiental del predio exigido resulta crucial para evaluar y revertir el impacto de la contaminación, buscando restablecer el ambiente a su estado original. Asimismo, se puso a disposición de las autoridades judiciales toda la información correspondiente a esta grave infracción ambiental.
