Durante la sesión del miércoles 4 de noviembre del Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay se abordaron dos expedientes que generaron posiciones contrapuestas entre los bloques. En ambos casos, los concejales de La Libertad Avanza, La Libertad Avanza Entre Ríos y Juntos por Entre Ríos elevaron y sostuvieron dictámenes de minoría aconsejando el rechazo de las iniciativas.

Uno de los temas estuvo relacionado con LT11 Radio General Francisco Ramírez. Se trató del Despacho N.º 8/2026 de la Comisión de Asuntos Institucionales y Legislativos, correspondiente al Expediente N.º 1.187.772 L 76, que contenía un Proyecto de Comunicación impulsado por el bloque Juntos por Uruguay.

La propuesta solicitaba instar al gobernador de Entre Ríos a realizar las gestiones necesarias para concretar las reparaciones y tareas de puesta en valor que permitieran restablecer las emisiones de la emisora.

Frente a esa iniciativa, los bloques mencionados presentaron un despacho de minoría en el que aconsejaron rechazar el proyecto. Entre sus fundamentos señalaron que el planteo partía de una situación que consideraron desactualizada y que, además, no contemplaba adecuadamente cuáles son las autoridades con competencia sobre el funcionamiento de una radio nacional.

Uno de los principales argumentos fue que LT11 se encuentra nuevamente operativa. Según expusieron, el 29 de septiembre de 2026 se logró recuperar efectivamente la transmisión en la frecuencia AM 1560 kHz, con un alcance aproximado de 140 kilómetros. También indicaron que la emisora mantiene una programación que combina producción local con contenidos de alcance nacional.

En el dictamen se hizo referencia, además, a la exposición del coordinador de LT11, Martín Morasán, ante la Comisión de Asuntos Institucionales y Legislativos. De acuerdo con lo expresado por los concejales firmantes, Morasán ratificó que la señal AM se encontraba estable y en funcionamiento, y descartó enfáticamente la posibilidad de un cierre de la planta transmisora.

Otro de los puntos abordados fue la situación del personal. Los bloques señalaron que no se produjeron desvinculaciones compulsivas y que se implementó un régimen voluntario de retiros en el marco del proceso de reorganización de Radio y Televisión Argentina S.A.U. (RTA SAU).

La cuestión de las competencias administrativas también ocupó un lugar central en el rechazo. Según el planteo de los concejales, las decisiones vinculadas con el funcionamiento, el equipamiento y los recursos humanos de las emisoras nacionales corresponden a las autoridades de RTA SAU en el ámbito nacional. Por ese motivo, consideraron que solicitar la intervención del gobernador entrerriano no resultaba adecuado, ya que no tiene competencia directa sobre la administración de la radio.

Cuestionamientos al sistema de cobranza de tributos municipales

El segundo asunto estuvo relacionado con el procedimiento de cobranza prejudicial y judicial de los tributos municipales. Se trató del Despacho N.º 98/2026 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, correspondiente al Expediente N.º 1.186.653 L 76.

El expediente contemplaba la Resolución N.º 59.317 del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante la cual se buscaba ratificar el Instructivo Interno para el Procedimiento de Cobranza Prejudicial y Judicial de tributos municipales, elaborado por la Secretaría de Hacienda.

En este caso, los bloques La Libertad Avanza, La Libertad Avanza Entre Ríos y Juntos por Entre Ríos presentaron un despacho de minoría aconsejando el rechazo total del proyecto de ordenanza. Los concejales fundamentaron su postura en una serie de objeciones normativas, técnicas y de oportunidad.

Uno de los principales planteos fue que, antes de avanzar con un esquema que consideraron más estricto de cobranza y apremios, el Municipio debería ofrecer una moratoria general que permita a los vecinos regularizar sus deudas por los distintos tributos municipales.

También sostuvieron que resulta necesario revisar y redefinir previamente las tasas municipales, con el objetivo de establecer con claridad cuál es la contraprestación efectiva de los servicios que se cobran y cuál es su costo real.

Otro cuestionamiento estuvo dirigido a la falta de criterios objetivos para determinar la capacidad contributiva de los contribuyentes y seleccionar a quiénes se les iniciarían acciones de cobro. Según el dictamen, el instructivo no establece parámetros claros, como montos mínimos de deuda o antigüedad de los períodos adeudados, lo que, a criterio de los firmantes, podría dar lugar a decisiones arbitrarias o situaciones de prescripción.

Los concejales también cuestionaron los mecanismos de regularización previstos en los planes de pago basados en la Ordenanza N.º 4357. Consideraron que esos esquemas resultan extremadamente costosos y difíciles de cumplir para los contribuyentes.

Como alternativa, propusieron avanzar hacia un sistema de planes de pago online, automáticos y accesibles, que facilite la regularización de las obligaciones y evite la caducidad de los convenios por las dificultades que implica su cumplimiento.

Diferencias sobre los plazos de prescripción y el control legislativo

El despacho de minoría también advirtió sobre posibles contradicciones en materia de prescripción tributaria entre el Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Fiscal de Entre Ríos y las ordenanzas municipales.

Frente a esas diferencias, los concejales solicitaron que la Asesoría Letrada realice un análisis exhaustivo para determinar cuáles son los plazos aplicables y evitar posibles inconvenientes jurídicos en los procedimientos de cobro.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la intervención de los organismos de control previstos en la normativa municipal. En particular, señalaron que el instructivo podría eludir el procedimiento registral y la participación de la Comisión de Apremios, contemplados en los artículos 2 y 9 de la Ordenanza N.º 6806.

Según los firmantes, esa situación podría dejar al Concejo Deliberante al margen de instancias de control que consideran necesarias dentro del proceso de ejecución de las deudas municipales.

Por último, el dictamen hizo referencia al funcionamiento del cuerpo de procuradores municipales. Los concejales señalaron que el Municipio cuenta con una nómina de 14 profesionales, entre abogados y procuradores, y reclamaron que se establezca un mecanismo de reasignación total de las causas cuando alguno de los apoderados no realice las actuaciones correspondientes.

El objetivo de ese planteo, de acuerdo con los fundamentos presentados, es evitar que el Municipio pierda ejecuciones fiscales por situaciones de abandono de las causas o por el vencimiento de los plazos procesales.

Los dos despachos de minoría reflejaron así los argumentos de los bloques que cuestionaron las iniciativas vinculadas con LT11 y el sistema de cobranza de tributos municipales. En ambos casos, las objeciones se centraron en los fundamentos de los proyectos, las competencias administrativas, los procedimientos previstos y los mecanismos de control.

La Libertad Avanza: Ing. Alejandro Dus, Osvaldo Marclay.

(Uruguayenses.com)