Un planteo recibido cuestiona la situación de una integrante de la Policía de Entre Ríos de la Departamenal Uruguay, identificada con las iniciales M.P., y sostiene que realizaría servicios adicionales de transporte de caudales y otras tareas mientras se encuentra de turno. El planteo adquiere relevancia a partir de las reglas vigentes para este tipo de servicios.

Un planteo surgido desde el ámbito policial puso bajo la lupa el funcionamiento de los servicios adicionales dentro de la Policía de Entre Ríos, particularmente la forma en que se asignan y se compatibilizan con las jornadas habituales de servicio.

Según el testimonio recibido, una integrante de la fuerza, identificada con las iniciales M.P., estaría realizando adicionales de transporte de caudales, actividad que, de acuerdo con la fuente, cumpliría habitualmente los días viernes.

El mismo testimonio sostiene que también realizaría servicios denominados internamente como “cancha” durante jornadas en las que se encontraría de turno.

El punto que requiere una explicación

La cuestión central pasa por determinar si los servicios adicionales señalados se realizan efectivamente mientras la agente se encuentra cumpliendo un turno ordinario.

Esto puede ser contrastado mediante las planillas de servicio, registros de adicionales y horarios correspondientes.

El planteo cobra especial interés debido a los cambios introducidos este año en el régimen de Policía Adicional de Entre Ríos.

En mayo de 2026, el Gobierno provincial informó la reformulación del sistema mediante el Decreto N.º 1225/26 y señaló que el personal policial activo no puede realizar servicios adicionales mientras cumple funciones ordinarias o se encuentra de guardia. Según la información oficial, los adicionales deben realizarse fuera de ese horario de servicio.

Por ese motivo, la pregunta que surge a partir del reclamo es concreta: si un efectivo figura de turno, ¿puede realizar al mismo tiempo un servicio adicional y, en caso de que ocurra, bajo qué autorización o encuadre?

La respuesta debería surgir de los registros oficiales y de la normativa que regula cada servicio.

El sistema de adicionales ya está bajo la lupa

El planteo aparece además en un contexto en el que el funcionamiento de los adicionales policiales ya fue objeto de cuestionamientos e investigaciones judiciales en la provincia.

Durante 2025 y 2026 se conocieron investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la administración y cobro de servicios adicionales policiales, incluyendo actuaciones vinculadas con la documentación y los fondos correspondientes a este sistema.

Estos antecedentes no permiten establecer ninguna relación entre esas investigaciones y la situación mencionada en este reclamo. Sin embargo, explican por qué la asignación, autorización y control de los adicionales constituye un asunto que requiere mecanismos claros y verificables.

¿Las mismas reglas para todos?

El testimonio recibido también plantea una cuestión más amplia: si los criterios utilizados para acceder a los adicionales son iguales para todo el personal policial.

La fuente sostiene que la situación de M.P. generaría malestar entre otros integrantes de la fuerza, particularmente por considerar que podría existir un trato diferente en el acceso a determinados servicios.

Esa percepción, por sí sola, tampoco permite afirmar que exista un privilegio o una irregularidad.

Un planteo que puede verificarse

A diferencia de otras cuestiones que forman parte del testimonio recibido y que requerirían mayores elementos para ser comprobadas, el punto referido a los horarios puede ser contrastado objetivamente.

Si una persona figura efectivamente de turno en una determinada jornada y, al mismo tiempo, aparece registrada realizando un servicio adicional, corresponde conocer cómo fue autorizada esa situación y si se ajusta al régimen vigente.

Lo que se plantea es la necesidad de conocer cómo se aplica el régimen de adicionales y si las reglas establecidas por la Provincia se cumplen de la misma manera para todos los integrantes de la fuerza.

La explicación de las autoridades policiales y el acceso a los registros correspondientes permitirían determinar si se trata de una situación irregular, de un servicio correctamente autorizado o de una interpretación equivocada sobre los horarios y funciones del personal.