El Gobierno nacional avanza con un profundo plan de ajuste sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que genera fuerte preocupación en distintas regiones del país, entre ellas Concepción del Uruguay, donde funciona una de las estaciones experimentales clave para el desarrollo productivo del litoral entrerriano.

Según documentación interna analizada en las últimas reuniones del Consejo Directivo del organismo, el Ejecutivo que encabeza Javier Milei proyecta el remate de unas 42 mil hectáreas pertenecientes al INTA, además de un drástico recorte de su estructura operativa. El plan incluye la eliminación de más de 80 programas, el cierre de 293 agencias, la reducción de 11 centros regionales y la implementación de retiros voluntarios para achicar la planta de personal.

En ese marco, los gremios del organismo anunciaron protestas frente a la sede central del INTA este jueves, en coincidencia con la última sesión del año del Consejo Directivo. Desde los sindicatos advierten que allí “se avanzará fuertemente en el desguace y la liquidación” del organismo.

La preocupación en Concepción del Uruguay es creciente, ya que la ciudad aparece mencionada entre las localidades donde el Gobierno evalúa desprenderse de campos experimentales. Técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya realizaron mediciones en distintos predios del INTA, lo que refuerza las versiones sobre una inminente venta de tierras.

El documento que circula entre trabajadores y entidades del campo plantea reducir los programas nacionales activos de 134 a solo 52. Muchos serían fusionados y otros directamente eliminados. Uno de los casos más sensibles es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que el Gobierno considera de “escaso impacto productivo”, una definición que genera rechazo entre técnicos y productores.

En concreto, el plan inicial contempla avanzar sobre 17 mil hectáreas calificadas como “en desuso”, mientras que otras 25 mil hectáreas, actualmente en uso, serían evaluadas para su eventual desafectación. Además de Entre Ríos, las provincias más afectadas serían Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En el caso entrerriano, el posible impacto sobre la Estación Experimental de Concepción del Uruguay despierta inquietud no solo entre los trabajadores del INTA, sino también en productores, cooperativas y actores del entramado agroindustrial local, que dependen de la investigación, la extensión y el acompañamiento técnico que brinda el organismo.

Mientras el Gobierno sostiene que busca “optimizar recursos”, desde el interior productivo advierten que el ajuste podría debilitar una estructura histórica de apoyo al desarrollo regional, con consecuencias directas sobre la producción, el empleo y la innovación agropecuaria en ciudades como Concepción del Uruguay.