La situación de la Escuela N° 92 “Tucumán”, donde casi 500 alumnos iniciarán el ciclo lectivo en condiciones reducidas debido a problemas estructurales en los techos, genera una preocupación profunda y absolutamente justificada en nuestra comunidad.
De acuerdo con la información oficial difundida por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el Impuesto Inmobiliario Urbano contempla una asignación específica de entre el 20% y el 30% de lo recaudado —según la valuación fiscal— con destino al Fondo de Mantenimiento Edilicios Edificios Escolares, destinado a la conservación y mejora de los edificios educativos de la provincia.
Es decir, una porción significativa del impuesto que abonan los contribuyentes tiene un destino claramente definido: el sostenimiento y mantenimiento de las escuelas públicas.
Este punto cobra aún mayor relevancia si se considera que, en muchos casos, las boletas han registrado incrementos cercanos al 130%. El esfuerzo fiscal de los vecinos ha sido considerable. Por eso la pregunta es razonable: si el Fondo de Mantenimiento Escolar se financia con una parte sustancial del Impuesto Inmobiliario, ¿cómo se explica que una institución con casi 500 estudiantes no pueda garantizar condiciones edilicias seguras para el normal dictado de clases?
La educación pública y la infraestructura escolar son competencia del Estado provincial, a través de los organismos correspondientes, en particular del Consejo General de Educación. Allí deben encontrarse las respuestas y las soluciones concretas.
No se trata de polemizar, sino de reclamar coherencia entre lo que se recauda y lo que efectivamente llega a las escuelas. Cuando la comunidad cumple con sus obligaciones tributarias, espera —con justicia— que los recursos con destino específico se traduzcan en obras y en seguridad para nuestros Gurises.
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal
C. del Uruguay
