Luego de 10 meses de investigación, los gendarmes allanaron 20 domicilios y dos organismos estatales en donde detuvieron a 13 personas.
La organización se dedicaba a falsificar certificados médicos, inscribir a ciudadanos que no tenían problemas de salud o no cumplían con los requisitos para recibir ese beneficio estatal.
En febrero de este año, por orden del Juzgado Federal de Concordia, personal de GOIP dependiente del Escuadrón 4, iniciaron tareas de investigación en el marco de una causa por la adulteración de certificados médicos y documentos oficiales para realizar trámites para pensiones no contributivas por invalidez.
Durante 10 meses, los uniformados reunieron información, realizaron tareas de campo, efectuaron búsqueda en distintos bancos de datos y lograron identificar a punteros barriales, personal médico y líderes de la organización.
Se pudo constatar que hay gente que estuvo recibiendo mes a mes dicha pensión y otras personas que estaban con sus carpetas en trámite.
Ayer, en horas de la mañana, los gendarmes efectuaron 20 allanamientos en domicilios particulares en Concordia (excepto uno que fue en la localidad de Aldea Brasilera y en Concepción del Uruguay) y las inspecciones de un Organismo estatal y una organización de asistencia y servicios para personas con discapacidad.
Como resultado de las pesquisas, los funcionarios hallaron documentación de interés para la causa (libros de actas, prescripciones médicas, comprobantes de pago y transferencias, certificados de evaluación de discapacidad, entre otros documentos), 4.447.110 de pesos, armamento (cuatro rifles, tres revólveres y 195 municiones de distintos calibres), dosis de cocaína, marihuana y tres plantas, 28 celulares, 18 computadoras , pendrives y otros dispositivos con información.
Por disposición del Magistrado interviniente, Gendarmería detuvo a cuatro ciudadanos y nueve quedaron supeditados a la causa.
