Los empleados del Peaje Estación Yeruá, ubicado al sur del departamento Concordia, iniciaron una retención de servicios que implica el levantamiento de barreras en tres franjas horarias: de 11 a 14, de 17 a 20 y de 22 a 1. Según información obtenida por Elonce, de las siete bocas de cobro que tiene el peaje —cuatro en sentido norte-sur y tres en dirección sur-norte— solo dos permanecen operativas.
La medida de fuerza responde a la «incertidumbre» que atraviesan los trabajadores ante el vencimiento de la concesión del servicio de peajes en las rutas 12, 14 y 174, actualmente en manos de la firma Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima (CRUSA).
Los trabajadores aclararon que no realizarán movilizaciones que impliquen cortes de ruta. «El usuario no tiene que ver en este reclamo», manifestó uno de los empleados, aunque fuentes consultadas por Diario Río Uruguay no descartan que la asamblea pudiera generar complicaciones para el tránsito vehicular.
La acción fue consensuada entre los trabajadores y el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), fundado en 2006 por Facundo Moyano. Se espera que Florencia Cañabate, secretaria general del sindicato, se presente en el lugar este jueves aproximadamente a las 17 horas.
Futuro incierto
Esta situación se enmarca en el plan de privatizaciones de rutas anunciado por el Gobierno de Javier Milei, a través de la desregulación de la actividad y en medio de la reestructuración de la Dirección de Vialidad Nacional.
CRUSA tiene a su cargo la concesión de los peajes en las rutas mencionadas desde 1990, pero ya no habrá más prórrogas y se ha abierto una licitación para una nueva explotación, dentro de la Red Federal de Concesiones. El proceso comenzó con una audiencia pública, marcando el inicio de la adjudicación a una nueva empresa.
El principal problema radica en que los pliegos de la nueva licitación no contemplan el traspaso de los trabajadores ni la continuidad de sus derechos laborales.
El pasado 17 de marzo se llevó a cabo una audiencia en el marco del concurso preventivo de Caminos del Río Uruguay ante el Juzgado Comercial N° 9. La empresa informó que había solicitado «una extensión del plazo de la concesión hasta que se designe y asuma un nuevo operador», con el objetivo de «preservar la fuente de trabajo de los más de 500 trabajadores directos» y las contrataciones indirectas que impactan en varias ciudades del interior del país.
Sin embargo, tras el encuentro, no hubo «una propuesta concreta de la Secretaría de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad», por lo que la incertidumbre persiste y crece el temor por posibles despidos masivos a partir de abril.
