El exconcejal de San José de Feliciano, Marcelo Alberto Ardisana, fue condenado por la Justicia Federal en el marco de un juicio abreviado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra. Según informaron fuentes judiciales, la pena impuesta fue de dos años y cuatro meses de prisión de cumplimiento condicional.
De acuerdo a lo indicado en el fallo, fechado en marzo de este año, la resolución fue dictada por la jueza subrogante del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Noemí Berros. En ese marco, la magistrada absolvió al imputado por el delito de acopio de municiones, pero lo declaró responsable por la tenencia ilegal de un arma de guerra.
El hecho que dio origen a la investigación se remonta al 7 de agosto de 2021, cuando un conductor radial de San José de Feliciano radicó una denuncia en la Jefatura Departamental. Según consta en la causa, el denunciante manifestó haber recibido mensajes y audios con contenido intimidatorio por parte del ahora condenado, situación que generó temor por su integridad física.
En el marco de la investigación, el 9 de agosto de ese año se llevó adelante un allanamiento en el domicilio y local comercial del sospechoso, ubicado en calle Moreno de esa ciudad. Durante el procedimiento, personal policial secuestró diversas armas de fuego y municiones de distintos calibres.
Entre los elementos incautados se encontraba una pistola calibre 9 milímetros, un fusil y dos revólveres, además de una importante cantidad de cartuchos. Asimismo, se constató que el imputado no contaba con autorización vigente como legítimo usuario de armas, dado que su credencial se encontraba vencida desde 2008.
Según se informó, el investigado permaneció detenido de manera preventiva durante 15 días tras el procedimiento. Posteriormente, la causa pasó al fuero federal, luego de que la Justicia provincial se declarara incompetente.
En su declaración indagatoria, Ardisana reconoció haber tenido las armas sin la debida autorización y aceptó el acuerdo de juicio abreviado. De acuerdo a lo consignado en la resolución, el propio imputado admitió que sabía que poseía el armamento sin habilitación legal.
En virtud de la condicionalidad de la pena, la magistrada dispuso una serie de reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio y notificar cualquier cambio al Juzgado de Ejecución correspondiente.
Finalmente, con la homologación del acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, la Justicia Federal dio por concluido el proceso, que se había iniciado por una denuncia por amenazas y derivó en la condena por tenencia ilegal de arma de guerra.
