El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a cinco personas por las irregularidades detectadas en la construcción y finalización de las viviendas del barrio San Isidro, en una causa que expuso el desvío de fondos públicos destinados a un programa habitacional para familias de bajos recursos.
La Sentencia N.º 122, firmada por el vocal Mariano Sebastián Martínez el pasado 3 de julio de 2026, fue dictada mediante un juicio abreviado y alcanzó a Claudio Martín Mazzarello, Germán Ernesto Stegemann, Rodrigo Alberto Romero Oliva, Ligia Tamara Cáceres y Maximiliano David Saavedra, quienes fueron encontrados responsables de los delitos de peculado y falsedad ideológica de documento público en concurso ideal. Los fundamentos del fallo fueron dados a conocer el 27 de julio.
Las condenas
Mazzarello y Stegemann recibieron tres años de prisión de cumplimiento condicional, mientras que Romero Oliva, Cáceres y Saavedra fueron condenados a dos años y seis meses de prisión condicional. Además, los cinco fueron inhabilitados de manera absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Certificados que no reflejaban la realidad
La investigación determinó que durante la ejecución del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales se emitieron certificados de avance de obra con datos falsos para justificar desembolsos de fondos nacionales.
Según la sentencia, se certificaron porcentajes de ejecución superiores a los realmente realizados, se informaron obras complementarias inexistentes e incluso se declararon avances sobre 17 viviendas que nunca llegaron a construirse.
Los peritajes realizados por Gendarmería Nacional, ingenieros y contadores confirmaron importantes diferencias entre el avance informado y el efectivamente ejecutado, además de detectar millonarios perjuicios económicos para el Estado.
Una causa iniciada por una denuncia anónima
El expediente comenzó en octubre de 2018 a partir de una denuncia anónima enviada a la entonces procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, acompañada por abundante documentación que advertía sobre presuntas irregularidades en la ejecución del programa habitacional.
Durante la investigación también se detectó la falta de documentación respaldatoria, inconsistencias contables y la utilización de certificados con información falsa para habilitar nuevos desembolsos de dinero público.
Un imputado aún deberá ir a juicio
La resolución no alcanzó a Mario Jorge Acuña, quien se desempeñaba como secretario de Obras Públicas municipal y presidente del consorcio encargado de administrar la obra.
Su situación procesal continuará por la vía ordinaria, ya que no adhirió al acuerdo de juicio abreviado y deberá afrontar un juicio independiente.
Diecisiete viviendas que nunca existieron
El fallo remarca que las primeras 80 viviendas fueron finalmente terminadas y entregadas a familias del barrio San Isidro. Sin embargo, la segunda etapa del proyecto quedó inconclusa y 17 viviendas jamás fueron construidas, pese a que figuraban certificadas como ejecutadas en la documentación presentada para obtener financiamiento. (Fuente Arriba Noticias)
