Un enfermero de terapia intensiva del Hospital Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay, fue condenado a cinco años de prisión por robar y comercializar fentanilo y psicofármacos pertenecientes al sistema público de salud. La investigación, de fuerte perfil policial, reveló una operatoria sostenida y meticulosa que incluyó ventas clandestinas, contactos internos y entregas pactadas por aplicaciones de mensajería.

El condenado, Julio Santiago Santillán, recibió además una multa superior a los cinco millones de pesos y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la jueza Mariela Emilce Rojas, tras un acuerdo de juicio abreviado impulsado por la fiscal federal Josefina Minatta.

Santillán fue hallado penalmente responsable de múltiples delitos: comercio de estupefacientes, tenencia con fines de comercialización, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y venta ilegal de medicamentos que requieren receta médica.

Según la causa, el enfermero sustraía ampollas de fentanilo durante sus guardias en la Unidad de Terapia Intensiva y las almacenaba en un sector interno del hospital. Una vez que reunió una cantidad considerable, comenzó a venderlas, junto con psicofármacos, a través de grupos cerrados en aplicaciones de mensajería.

La investigación se inició en febrero tras una denuncia anónima que alertó sobre la venta de drogas hospitalarias. A partir de ese dato, la fiscalía autorizó la intervención de un agente revelador que logró infiltrarse en los grupos donde se ofrecían los medicamentos. Así, la Policía Federal documentó conversaciones, precios y modalidades de entrega.

El 11 de marzo se concretó una primera compra controlada: el enfermero llegó en bicicleta y entregó cuatro ampollas de fentanilo a cambio de 55 mil pesos. El intercambio fue registrado por personal de la PFA. Días después, el 20 de marzo, se realizó una segunda operación encubierta que derivó en su detención. En esa ocasión, Santillán arribó en motocicleta y llevaba consigo 34 ampollas de fentanilo y varios blísteres de lorazepam y carbamazepina.

Tras el arresto, se realizaron allanamientos en distintos domicilios y en el hospital. Allí se confirmó que las ampollas secuestradas correspondían al mismo lote que el stock oficial del centro médico, lo que terminó de cerrar el círculo probatorio.

En el expediente también figuraba imputado el hermano del enfermero, aunque fue sobreseído y desvinculado de la causa a comienzos de noviembre.

El caso expuso una grave vulneración a la seguridad sanitaria y dejó al descubierto cómo medicamentos críticos destinados a pacientes en estado crítico terminaron en el mercado ilegal.