Un procedimiento policial que comenzó en un campo de Gualeguaychú terminó con una respuesta concreta de la Justicia. Dos hombres fueron condenados a 2 años y 8 meses de prisión por un hecho de abigeato descubierto durante una faena clandestina.

Los condenados fueron Fernando Calatayu y Franco Mauricio Silva, quienes recibieron la pena por el hecho ocurrido el 4 de enero de 2025, en una estancia ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 16, a la altura del kilómetro 51.

Aquella noche, personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, junto a efectivos de las Brigadas A° del Cura y Perdices y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con colaboración de distintas dependencias de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, sorprendió a un grupo de personas cuando intentaba retirar un animal bovino que había sido sustraído y faenado.

Al advertir la presencia policial, los involucrados abandonaron dos medias reses y escaparon entre los montes.

El rápido despliegue permitió detener en ese momento a Calatayu, Silva y Víctor Gerónimo Galíndez, dando inicio a una investigación que continuó posteriormente en sede judicial.

La resolución judicial

La respuesta de la Justicia llegó este 10 de agosto de 2026.

En el marco de la IPP N.º 101/25, el juez Dr. Derudi resolvió condenar a Fernando Calatayu y Franco Mauricio Silva a 2 años y 8 meses de prisión.

La causa contó con la intervención del Fiscal Auxiliar Dr. Lucas Pascual.

La condena representa el cierre de un proceso iniciado más de un año atrás, luego de un procedimiento policial que permitió detectar el hecho cuando los involucrados todavía se encontraban en el lugar.

Una respuesta frente al delito rural

El resultado pone nuevamente de relieve la importancia del trabajo coordinado entre las fuerzas policiales y la Justicia en las investigaciones vinculadas al abigeato, un delito que afecta directamente a los productores rurales.

En este caso, la investigación comenzó con la intervención policial en el campo, continuó con la identificación y detención de los involucrados y finalmente derivó en una respuesta judicial concreta.

Para los productores, este tipo de resoluciones representan también una señal de respaldo frente a un delito que afecta directamente su producción y su actividad económica.

Prevenir, investigar y llevar a los responsables ante la Justicia forman parte de un mismo objetivo: combatir el delito rural.