viernes, febrero 21, 2025
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Confirman la imputación por peculado contra el ex jefe policial de Concepción del Uruguay

La sala Penal revoca fallo previo y ratifica acusación fiscal contra el comisario Ramón Albornoz por malversación de fondos del Casino de Oficiales

La Sala Penal de Entre Ríos asestó esta semana un duro golpe a la estrategia defensiva del ex jefe de la Jefatura de Policía de Concepción del Uruguay, comisario Ramón Alejandro Albornoz, al confirmar la imputación por peculado en su contra.

La jueza Melisa Ríos propinó la decisión previa de la magistrada de Garantías Alejandrina Herrero, quien había hecho lugar al planteo de la defensa sobre la calificación legal del delito. Con este nuevo pronunciamiento, la causa continuará su curso bajo la figura penal originalmente propuesta por la Fiscalía.

El caso se remonta a fines de 2024, cuando la defensa del comisario Albornoz, ejercida por el doctor Alejandro René Felipuzzi, solicitó la anulación de la indagatoria realizada a su cliente. La acusación se centraba en la presunta sustracción de fondos públicos que Albornoz administraba como Sub Jefe de la Jefatura Departamental Uruguay y Presidente del Casino de Oficiales y Círculo Policial.

La defensa argumentó que tanto el Círculo Policial como el Casino de Oficiales carecían de personería jurídica y cuenta bancaria propia, por lo que no podía considerarse la existencia de fondos públicos. Bajo esta premisa, solicitaron la recalificación del delito imputado.

Sin embargo, la Fiscalía mantuvo su posición, sosteniendo que el delito correspondía a la figura de peculado, contemplada en el artículo 262 del Código Penal. El argumento central fue que los Casinos forman parte integral de la Policía de Entre Ríos, por lo que sus recaudaciones constituyen fondos públicos, independientemente de la posterior rendición de cuentas.

El fallo de la Sala Penal marca un punto de inflexión en la causa, respaldando la postura del Ministerio Público Fiscal y estableciendo un precedente sobre la naturaleza pública de los fondos administrados en instituciones policiales, aun cuando estas carezcan de personería jurídica propia.

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