La discusión abierta en torno a la reforma laboral y la derogación del Estatuto del Periodista Profesional no es un debate sectorial ni una disputa gremial. Es, en esencia, una discusión sobre las condiciones reales en las que se ejerce la libertad de expresión en la Argentina. Y cuando se pone en juego esa libertad, lo que está en riesgo no es solo el trabajo de los periodistas, sino el derecho de la sociedad a estar informada.
La reforma propone eliminar un régimen jurídico específico que durante décadas reconoció una verdad elemental: el periodismo no es una actividad laboral más. Informar, investigar y opinar sobre asuntos de interés público implica incomodar, cuestionar y, muchas veces, afectar intereses poderosos. Esa exposición permanente convierte al despido y a la precarización en herramientas de presión particularmente eficaces. Por eso, históricamente, el derecho entendió que la actividad necesitaba resguardos especiales.
La derogación del Estatuto del Periodista borra de un plumazo esas protecciones sin ofrecer mecanismos alternativos. A partir de ese cambio, despedir a un periodista pasa a ser jurídicamente sencillo y económicamente barato, incluso cuando el motivo real sea el contenido de su trabajo. No hace falta censura explícita ni prohibiciones formales: alcanza con que el miedo al despido se vuelva parte del paisaje cotidiano. En ese contexto, la autocensura deja de ser una excepción moral para transformarse en una conducta racional de supervivencia.
Quienes sostienen que la equiparación al régimen laboral general amplía la libertad confunden igualdad con indiferencia. Tratar como idénticas actividades que cumplen funciones sociales profundamente distintas no fortalece derechos: los debilita. El periodismo cumple un rol institucional clave en cualquier democracia: controla al poder, expone abusos, da voz a conflictos que otros prefieren silenciar. Cuando se degradan las condiciones materiales de ese trabajo, se deteriora también la calidad del debate público.
La reforma no prohíbe informar ni clausura medios. Pero sí modifica el entorno en el que se produce la información. Y ese entorno importa. Un periodismo sin estabilidad mínima es más frágil, más dependiente y menos libre. Un periodismo precarizado investiga menos, pregunta menos y se cuida más de no molestar. El costo de ese silencio no lo pagan los periodistas: lo paga la sociedad entera.
Defender la vigencia de un marco protector para la actividad periodística no es defender privilegios inexistentes. Es defender la idea de que la libertad de expresión no se agota en el derecho abstracto a hablar, sino que requiere condiciones concretas para ejercerse sin temor. Es asumir que una democracia sólida necesita periodistas con independencia real, no solo formal.
Por eso, frente a una reforma que elimina garantías sin reemplazarlas, la defensa del periodismo es una defensa institucional. No se trata de mirar el pasado con nostalgia, sino de advertir un retroceso claro: menos protección, más vulnerabilidad y mayor margen para la censura indirecta. Allí donde el despido se vuelve un instrumento disciplinador, la libertad de prensa empieza a erosionarse, aunque nadie lo anuncie en voz alta.
Defender al periodismo hoy es, en definitiva, defender el derecho colectivo a saber. Y sin ese derecho, ninguna libertad es plena.
