Una familia de Concepción del Uruguay presentó una denuncia ante la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar a raíz de una serie de situaciones que, según expusieron los padres, habría atravesado su hijo de 7 años en la Escuela N.º 1 “Nicolás Avellaneda”.

De acuerdo con lo señalado en la presentación, el niño habría sido víctima de agresiones físicas, burlas e insultos por parte de otros alumnos. Sus padres sostienen además que los episodios se habrían reiterado dentro del establecimiento y que la situación comenzó a repercutir en su comportamiento.

Según el relato familiar, el menor comenzó a manifestar temor antes de concurrir a la escuela y habría pedido ser acompañado hasta el ingreso. Ante estos cambios, sus padres recurrieron a un profesional de psicología.

Siempre de acuerdo con lo expuesto en la denuncia, el profesional habría advertido sobre situaciones de violencia protagonizadas por dos compañeros, quienes presuntamente seguían al niño hasta el sector de los baños, donde lo golpeaban y se burlaban de él.

Cuestionamientos a la respuesta institucional

Los padres también cuestionaron la respuesta que, según su versión, habrían recibido de las autoridades escolares. Afirman que mantuvieron reuniones con la docente a cargo y con la vicerrectora para plantear lo que estaba ocurriendo, pero consideran que las situaciones no fueron abordadas con la gravedad que ellos esperaban.

La denuncia sostiene que los episodios habrían sido considerados como situaciones menores y que no se habrían implementado las medidas que la familia reclamaba para proteger al niño.

El conflicto posteriormente habría escalado entre los adultos involucrados. Según la presentación, la docente realizó una denuncia contra la madre del alumno y se dispuso una medida de restricción perimetral.

Los padres cuestionaron que la situación terminara derivando en un conflicto entre adultos mientras, según su planteo, continuaba sin resolverse el problema que afectaba al menor.

El caso quedó bajo análisis

La denuncia fue presentada este lunes y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán analizar lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades administrativas o judiciales.

Por tratarse de un menor de edad y de una denuncia en etapa de investigación, no se incluyen datos que permitan identificarlo ni se presentan como hechos comprobados las acusaciones formuladas por la familia.

La situación vuelve a poner en discusión la importancia de abordar de manera temprana los casos de acoso y violencia escolar, especialmente cuando involucran a niños pequeños.

Fuente: 03442.