En un giro judicial de alto impacto para la política de la vecina ciudad, un grupo de vecinos de la ciudad de Colón presentó hoy una denuncia penal contra el Intendente José Luis Walser, el Secretario de Gobierno Mariano Bravo y el Director de Áreas Naturales Juan Rougier, por su presunta responsabilidad en el desastre ambiental y sanitario derivado del incendio en el basural municipal ocurrido el pasado 2 de julio.
La presentación fue recibida por la Fiscalía de Colón e incluye cargos por Contaminación Ambiental Agravada (Ley 24.051), Lesiones Graves y Gravísimas (art. 90 y 91 del Código Penal), Abandono de Persona (art. 106) e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (art. 248). La denunciante principal, Vanesa Orta, junto a un grupo de vecinos damnificados, pidió además una batería de medidas de prueba: peritajes ambientales, exámenes médicos y citación de testigos.
Una tragedia evitable
Según consta en la denuncia, el incendio provocó consecuencias críticas para la salud de los vecinos. Uno de los casos destacados es el de un paciente con EPOC severo, certificado por la propia Municipalidad, quien debió ser internado dos veces en el Hospital San Benjamín, los días 15 y 19 de julio, por intoxicación con humo tóxico. Se reportaron, además, más de 3.000 personas afectadas por problemas respiratorios, especialmente en barrios aledaños.
La acusación sostiene que el hecho fue consecuencia de años de negligencia estatal, que permitieron que un predio supuestamente “provisorio” se convirtiera en un riesgo ambiental crónico. También se señala que la gestión actual desistió de implementar una solución ya aprobada por Ordenanza Municipal N.º 43/2017 y, por el contrario, intensificó el uso del vertedero.
Acusaciones por obstrucción e inacción
Uno de los datos más sensibles de la denuncia refiere a un hecho ocurrido durante el incendio: vecinos aseguran que se impidió el ingreso de los Bomberos Voluntarios al basural. A ello se suma que funcionarios municipales habrían admitido públicamente que el fuego fue intencional, pero no consta ninguna denuncia formal por parte del Municipio sobre este hecho.
La denuncia pone bajo la lupa el accionar de las autoridades locales no sólo por omisión, sino también por posibles decisiones activas que habrían agravado la situación.
¿Y ahora?
La Fiscalía deberá evaluar la admisibilidad de la denuncia y definir la apertura formal de la causa. De avanzar, el caso podría derivar en indagatorias, pericias y eventuales imputaciones penales contra los funcionarios denunciados. Mientras tanto, los vecinos exigen respuestas concretas y responsabilidades políticas ante una crisis que —según afirman— era totalmente previsible y evitable. (Uruguayenses)
Acta de denuncia
