Una denuncia por presuntas irregularidades ha sacudido a la Dirección Nacional de Vialidad y a la empresa estatal Corredores Viales SA, ambas dependientes del ministro de Economía, Luis Caputo, por su manejo en la prórroga del contrato de concesión del peaje del Corredor Vial 18, vencido en 2002, así como la situación del Puente Rosario – Victoria. La denuncia, presentada en los juzgados federales de Comodoro Py de Buenos Aires, fue realizada por Jorge Zatloukal, en su calidad de ciudadano y miembro del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV).
El principal cuestionamiento gira en torno a la prórroga del contrato sin convocatoria a licitación pública, lo que, según la denuncia, habría ocasionado un perjuicio millonario al Estado. La empresa beneficiada, Caminos del Río Uruguay S.A., continuará cobrando peaje en las Rutas Nacionales 12 y 14, así como en la conexión física Rosario – Victoria, cruciales para el intercambio comercial con el MERCOSUR.
Según Zatloukal, la prórroga fue aprobada por la Resolución 144 de Vialidad Nacional, firmada un día antes del vencimiento del contrato, sin justificación clara y sin haberse realizado una licitación pública previa. Además, se cuestiona que la empresa estatal Corredores Viales S.A. no asumiera la continuidad de la concesión y el cobro de peaje, a pesar de ser una obligación irrenunciable según el estatuto de la empresa, creado en 2017 por decreto 794.
Estas acciones, según Zatloukal, podrían constituir una maniobra para beneficiar a la empresa concesionaria, contraviniendo principios de transparencia y libre competencia. Se señala que la prórroga restringe la libre concurrencia, violando la ley de Defensa de la Competencia y contradiciendo el discurso oficial de libre mercado.
Se destaca que estas presuntas irregularidades, sumadas a otras identificadas por la Auditoría General de la Nación, podrían constituir violaciones a diversos artículos del código penal. La denuncia busca esclarecer estos hechos y garantizar la transparencia en las contrataciones públicas, así como el resguardo de los intereses del Estado y de la ciudadanía.
