La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió este miércoles en ley la reforma del sistema previsional provincial, al otorgarle sanción definitiva al proyecto con 18 votos afirmativos, 12 negativos y una ausencia, completando así el trámite legislativo iniciado en el Senado.

La iniciativa introduce modificaciones en el régimen jubilatorio de los trabajadores estatales y ya genera cuestionamientos por parte de gremios y distintos sectores, que anticipan la posibilidad de recurrir a la Justicia.

Los principales cambios

Entre los puntos más debatidos de la reforma se encuentra la modificación del cálculo del haber jubilatorio, que pasará a considerar los últimos 15 años de aportes, en lugar de los últimos 10, lo que podría impactar en el monto final de las jubilaciones, aunque el porcentaje del 82% se mantenga establecido en la normativa.

Además, el texto aprobado elimina el beneficio del 85% por antigüedad, modifica el mecanismo de movilidad de los haberes, que dejará de estar vinculado al escalafón para depender de índices que establecerá el Poder Ejecutivo, y contempla delegaciones de facultades al Gobierno provincial para reglamentar distintos aspectos del régimen.

También se plantearon interrogantes respecto a la situación de los municipios que cuentan con cajas previsionales propias, como Diamante, donde la aplicación de algunos aspectos de la norma podría derivar en futuras discusiones judiciales.

Posibles acciones judiciales

Si bien la reforma ya fue sancionada, distintos sectores sostienen que podría ser objeto de acciones de inconstitucionalidad. Trabajadores, jubilados, gremios y organizaciones podrían presentar amparos y solicitar medidas cautelares ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos e, incluso, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando una eventual vulneración de derechos protegidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y tratados internacionales.

El debate sobre la reforma previsional continuará ahora fuera del ámbito legislativo, con la posibilidad de que la Justicia deba pronunciarse sobre la constitucionalidad de algunos de sus artículos.