La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta madrugada, por amplia mayoría, la modificación de la Ley 26.639 de protección de glaciares, en una sesión que se extendió por casi 11 horas y que estuvo marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
De acuerdo a lo indicado, el proyecto fue sancionado con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. La iniciativa redefine el alcance de las zonas periglaciares, estableciendo que solo serán consideradas como reservas estratégicas aquellas que acrediten un aporte hídrico “relevante y comprobable”.
En el marco del debate, el oficialismo contó con el acompañamiento de bloques aliados y legisladores de provincias con actividad minera. Según informaron fuentes parlamentarias, la modificación apunta a habilitar el desarrollo de proyectos extractivos en áreas que, bajo la legislación vigente, se encontraban protegidas.
Por su parte, desde la oposición cuestionaron la reforma al considerar que implica una reducción en los estándares de protección ambiental. En ese sentido, advirtieron que la nueva redacción podría dejar fuera de tutela legal a formaciones de hielo menores y zonas periglaciares, lo que —según señalaron— impactaría en reservas estratégicas de agua.
Durante la jornada también se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso, en el marco de una movilización convocada por organizaciones ambientalistas que rechazaban la iniciativa. El operativo de seguridad generó momentos de tensión, aunque no se informaron detalles oficiales sobre detenidos o heridos.
En el recinto, el debate incluyó cuestionamientos al proceso de participación pública previo al tratamiento del proyecto. Legisladores opositores plantearon objeciones sobre el desarrollo de las audiencias y anticiparon que impulsarán acciones judiciales contra la norma.
Asimismo, en el transcurso de la sesión se registraron planteos vinculados a otros temas de agenda política, en el marco de estrategias parlamentarias impulsadas por distintos bloques.
La iniciativa ahora deberá continuar su trámite legislativo en el Senado, mientras que distintos sectores ya analizan presentaciones judiciales en relación a la constitucionalidad de la reforma.
