El bloque de concejales Juntos por Uruguay PJ destacó la aprobación unánime de la ordenanza que establece beneficios para los trabajadores afectados por la crisis de Granja Tres Arroyos, al considerar que se trata de una medida concreta para acompañar a las familias que atraviesan una difícil situación económica y laboral.
La iniciativa contempla la eximición del 100% de la Tasa General Inmobiliaria y de la Tasa por Obras Sanitarias Municipales para los trabajadores alcanzados por la emergencia, siempre que se trate de su vivienda única y permanente.
Desde el bloque señalaron que la medida representa un esfuerzo del Municipio frente a una crisis que afecta a alrededor de 1.000 trabajadores vinculados a la planta avícola, cuya actividad se encuentra paralizada desde el pasado 26 de mayo.
A la exención impositiva se suma una inversión municipal de 72 millones de pesos destinada a la entrega de módulos alimentarios que se distribuyen semanalmente entre las familias afectadas. La asistencia se lleva adelante de manera coordinada con el Sindicato del Personal de la Industria de la Carne, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y la Unión Molinera Argentina.
En el comunicado, el bloque también solicitó al Estado Nacional que evalúe medidas de alivio fiscal, agilice el acceso a las prestaciones por desempleo, las asignaciones familiares y los programas de capacitación laboral para los trabajadores y sus grupos familiares.
En el mismo sentido, pidieron al Gobierno de Entre Ríos y a la Legislatura provincial que analicen un tratamiento de excepción respecto del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto Automotor para los trabajadores alcanzados por la emergencia.
Además, invitaron a las empresas prestadoras de servicios públicos, como ENERSA y Gas Nea, a implementar medidas transitorias de acompañamiento, entre ellas planes de pago sin interés, refinanciación de deudas y la suspensión de cortes de suministro.
Desde el bloque remarcaron que la crisis de Granja Tres Arroyos no solo impacta en los trabajadores directos, sino también en productores integrados, criadores y otros sectores vinculados a la actividad avícola regional.
En ese contexto, recordaron que alrededor de 120 criadores abandonaron el sistema de producción en medio de atrasos en los pagos y cheques rechazados, lo que provocó una fuerte caída en la escala operativa de la empresa.
Finalmente, los concejales reafirmaron su compromiso de acompañar a las familias afectadas y sostuvieron que la protección del empleo y del entramado productivo local requiere del compromiso conjunto del Municipio, la Provincia, la Nación, las organizaciones sindicales y el sector privado.
