El Gobierno de Entre Ríos emitió un comunicado oficial para aclarar los criterios aplicados en el proceso de renovación de contratos temporarios dentro de la Administración Pública Provincial, luego de que circularan versiones que generaron preocupación y distintas interpretaciones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida forma parte de un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado, y remarcaron que “no se trata de despidos, sino de la decisión administrativa de no renovar una parte acotada de contratos temporarios”, los cuales, por su propia naturaleza jurídica, son de plazo determinado y sujetos a evaluaciones periódicas.
En ese marco, precisaron que del total aproximado de 1.700 contratos temporarios vigentes, la decisión alcanzó a alrededor de 100 contratos, lo que representa menos del 6% del total. En consecuencia, destacaron que más del 94% de los contratos fueron renovados, garantizando la continuidad operativa de las distintas áreas del Estado provincial.
Asimismo, el Gobierno aclaró que el proceso se llevó adelante bajo criterios objetivos y descentralizados, descartando una evaluación automática o generalizada. Cada ministerio y organismo realizó un análisis particularizado de su planta de personal temporario, en función de pautas claras y previamente establecidas.
Criterios de evaluación
Entre los principales aspectos considerados para la renovación de los contratos se encuentran:
Nivel de cumplimiento efectivo de las tareas y funciones asignadas
Compromiso con las funciones y con el servicio público
Asistencia regular y niveles de ausentismo
Necesidad real y actual del puesto, en el marco de los procesos de reorganización administrativa, modernización del Estado y optimización de recursos
En ese sentido, también se evaluó si determinadas tareas o funciones dejaron de ser necesarias, fueron reorganizadas, digitalizadas o absorbidas por otros equipos de trabajo, lo que tornó innecesaria la continuidad de algunos contratos.
Desde el Gobierno provincial insistieron en que las decisiones adoptadas buscan mejorar la eficiencia del Estado, optimizar recursos y garantizar una administración pública acorde a las necesidades actuales de la provincia.
