Ante la extrema gravedad de los hechos, que constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas, se dispuso una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad.
Asimismo, se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.
Desde el gobierno se emitió un comunicado en el que se destacó: «Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó».
«Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar».
Asimismo, se insistió con que se investigará «hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida».
«La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian, después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener», se insistió.
