La medida refleja el compromiso del Poder Ejecutivo con los principios constitucionales provinciales y nacionales, así como con los tratados internacionales de derechos humanos. Según se explicó, la decisión busca mejorar el marco procesal penal vigente, incorporando tanto análisis teóricos como las experiencias prácticas recogidas durante su aplicación.
Entre los ejes centrales de la futura propuesta se destacan la optimización normativa, basada en las fortalezas y debilidades detectadas en la implementación actual. Además, los alineamiento con estándares internacionales, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la agilización de procesos, con reducción de tiempos judiciales sin afectar las garantías del debido proceso.
El gobierno provincial enfatizó que la reforma apuntará a consolidar un sistema penal más moderno, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales, con el fin de fortalecer el acceso a la justicia y la confianza en las instituciones.
La nueva iniciativa será presentada en los próximos meses, tras un proceso de revisión participativa que asegure su solidez y consenso social.
