Por Uruguayenses
En un contexto de fuerte presión sobre las finanzas provinciales, el Gobierno decidió suspender desde el 1° de julio toda actualización de haberes, salarios y cualquier otro concepto remunerativo para funcionarios y personal fuera de escala del sector público provincial.
La medida, establecida mediante el Decreto correspondiente al Expediente N° 3254353, responde a la caída de los ingresos nacionales coparticipables, la eliminación de transferencias del Gobierno Nacional y el inminente vencimiento de compromisos de deuda, factores que, según el Ejecutivo, “impactan de modo directo sobre las cuentas del Estado Provincial”.
Según se detalla en los considerandos del decreto, la decisión busca preservar el equilibrio fiscal, en cumplimiento del artículo 35º de la Constitución Provincial. El texto también aclara que la política salarial es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que podrá modificar o levantar la suspensión si mejora la situación fiscal.
Alcance y llamado a otros poderes
El congelamiento salarial alcanza a toda la Administración Pública Central y Descentralizada, entes autárquicos y autónomos, además de sociedades y empresas estatales. En paralelo, se invita a los poderes Legislativo y Judicial a adoptar medidas similares, como gesto de acompañamiento en este ajuste general.
Las autoridades de los distintos entes descentralizados y organismos estatales deberán adecuar sus regímenes salariales a lo dispuesto por este decreto. Mientras tanto, se deja abierta la posibilidad de revertir esta decisión, en función de cómo evolucione la economía provincial.
La normativa fue refrendada por los ministros de Gobierno y Trabajo, y de Hacienda y Finanzas, y ya fue comunicada a la Dirección General de Ajustes y Liquidación de Haberes para su ejecución inmediata.
