El veto a la Ley de Financiamiento Universitario fue convalidado en la Cámara de Diputados por 160 votos afirmativos, 84 en negativos y 5 abstenciones. El texto, que había sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso y luego vetado por el Presidente, buscaba ampliar el financiamiento de las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento y actualizar los salarios docentes y no docentes.

La sesión en la Cámara Baja empezó unos minutos después de las 11 de la mañana, con la presencia de 145 legisladores, y el debate se extendió por más de cuatro horas. Los votos afirmativos insistieron con la sanción de la ley, mientras que los negativos aceptaron el veto del Ejecutivo. Para sostener la vigencia de la ley eran necesarios dos tercios de los votos.

En paralelo a la discusión en el recinto, organizaciones estudiantiles y de izquierda se concentraron frente al Congreso Nacional para respaldar el rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario. En medio de fuerte operativo de seguridad, se cerraron las calles de la zona. Previamente, estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras y de Psicología de la UBA votaron en asambleas la toma de las sedes por 48 horas.

En tanto, los sindicatos universitarios rechazaron el incremento salarial del 6,8 por ciento ofrecido por el Ministerio de Capital Humano por considerarlo insuficiente, aunque desde la Casa Rosada anunciaron que el aumento salarial se otorgará por decreto.

Qué decía la ley de financiamiento universitario

La Ley de Financiamiento a Universidades Nacionales proponía que, «de los recursos asignados en el ejercicio presupuestario anual destinados a las Universidades Nacionales«, se asigne «un 85 por ciento para gastos salariales» y el otro «15 por ciento a gastos generales y de funcionamiento».

Entre las justificaciones, el documento señalaba que el inconveniente que atraviesan las casas de altos estudios es que «al tener los mismos gastos de funcionamiento que se tuvo en 2023, los precios de 2024 no dan tregua«.

Por eso, la ley proponía que para los gastos de funcionamiento se introduzca un mecanismo de actualización bimestral, basado en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 50 por ciento, la variación del tipo de cambio, del 25 por ciento, y la variación de tarifas de servicios públicos, también del 25 por ciento.

El proyecto había sido presentado por la Unión Cívica Radical. Llevó la firma de la diputada Danya Tavela y de sus pares Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, entre otros. También fue firmado por integrantes de Hacemos Coalición Federal, como Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.