Paraná, 27 de mayo de 2025 – El Poder Judicial de Entre Ríos anunció una inversión de 340 millones de pesos destinados a tareas de refacción, conservación y mantenimiento en edificios judiciales de cinco localidades de la provincia: Feliciano, María Grande, Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná. Las obras, actualmente en proceso de inicio o con licitaciones en marcha, buscan mejorar la infraestructura edilicia para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y mejores condiciones de trabajo al personal judicial.
Los trabajos, que tendrán una duración estimada de entre 45 y 90 días, estarán a cargo de empresas locales y contarán con la supervisión de la Dirección de Arquitectura Judicial, organismo responsable de aprobar y recepcionar las obras.
Inversiones detalladas por localidad
En Concordia, se licita la adecuación de baños y la ampliación de espacios para las Defensorías, con un presupuesto asignado de 40 millones de pesos. También está en proceso el tratamiento de la medianera del edificio ubicado en Mitre 133, por 47,7 millones de pesos.
En María Grande, se proyecta la pintura exterior, instalación de una ventana y otras mejoras en el Juzgado de Paz, con una inversión de 10 millones de pesos.
La ciudad de Paraná recibirá fondos para dos obras clave: la ampliación del edificio del Juzgado de Ejecución de Penas, con 45 millones de pesos para incorporar oficinas del Ministerio Público, y la habilitación del tanque de agua en el predio de Santos Domínguez 195, por 30,5 millones de pesos, donde también funcionan el Archivo Judicial y el Depósito de Patrimonio.
En Feliciano, los trabajos incluyen una serie de reparaciones en los tribunales, con un presupuesto de 9,2 millones de pesos.
Finalmente, en Concepción del Uruguay, se prevé la instalación de un ascensor camillero con una inversión de 159 millones de pesos, lo que representa la obra de mayor envergadura dentro del paquete anunciado.
Compromiso institucional
Con esta inversión, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio público y la mejora continua de los espacios de trabajo judicial, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para la atención ciudadana.
