El Senado de la Nación aprobó este jueves un proyecto de ley que establece un aumento del 7,2% en las jubilaciones y eleva el bono mensual de $70.000 a $110.000. La medida fue impulsada por la oposición y respaldada por senadores peronistas, radicales, una representante del PRO y legisladores de bloques provinciales, mientras que el oficialismo rechazó la iniciativa, anunciando que impugnará la sesión por considerarla inválida.
La votación resultó en 42 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. Entre las otras medidas aprobadas, se incluyó la extensión de la moratoria previsional por dos años y la declaración de la emergencia en discapacidad.
La controversia estalló cuando la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, sostuvo que los dictámenes de la Comisión de Presupuesto no eran válidos, argumentando que no fueron convocados por su presidente, el libertario Ezequiel Atauche. En base a esa interpretación, Villarruel planteó que se necesitaban dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento en el recinto. Sin embargo, la moción fue rechazada por la mayoría, y el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, remarcó que «solo el pleno del cuerpo puede considerar válidos los despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda».
Desde el oficialismo, el Gobierno advirtió que la aprobación de este paquete social «afecta el equilibrio fiscal» y estimó que tendría un impacto cercano al 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI). El oficialismo también anticipó que impugnará la sesión en los tribunales por considerarla inválida, dado que no se cumplieron los procedimientos establecidos para el tratamiento del proyecto.
El proyecto aprobado replica el texto sancionado anteriormente por la Cámara de Diputados, y además de los aumentos, propone un plan de financiamiento para su implementación. El senador Mariano Recalde destacó que «el proyecto cuenta con fuente de financiamiento propia», lo que permitiría aliviar, aunque mínimamente, la situación de los jubilados y responder fiscalmente a esta necesidad.
En su exposición, Recalde reconoció que el aumento «tiene sabor a poco» y que «alcanza para pagar apenas dos docenas de empanadas», pero defendió que representa una mejora real y alcanzable. Además, pidió que el Senado garantice los dos tercios de los votos «ante un eventual veto del presidente Javier Milei», como ocurrió en 2023 con un aumento similar.
La sesión también incluyó el tratamiento de la coparticipación del impuesto al combustible, otro tema que ha sido foco de tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso. Según los discursos reconstruidos, la estrategia de la oposición parece orientada a consolidar mayorías legislativas que permitan frenar la aplicación de recortes o ajustes sin debate parlamentario. Sin embargo, el desenlace de esta disputa dependerá del devenir político en las próximas semanas, lo que deja abierta la puerta a nuevos enfrentamientos en el Congreso.
El Gobierno, por su parte, sigue alertando sobre las posibles consecuencias fiscales de la medida y mantiene su postura de impugnar lo aprobado por el Senado.
