Momentos de alta tensión se vivieron durante la madrugada en la provincia de Santa Fe, cuando familiares de policías llevaron adelante protestas frente a distintos cuarteles en reclamo de mejoras salariales y laborales. La situación derivó en enfrentamientos con efectivos que estaban de servicio y en el posterior acuartelamiento de parte de la fuerza policial.
Las manifestaciones se iniciaron en Rosario y luego se replicaron en la ciudad de Santa Fe, concentrándose especialmente frente a la Casa de Gobierno. Allí, varios patrulleros se apostaron en señal de protesta, mientras los familiares denunciaban precariedad en las condiciones de trabajo, falta de cuidados médicos adecuados, problemas con uniformes y escasez de recursos para patrullaje.
Según el periodista Rodrigo Rossetti, durante la madrugada se produjeron episodios de represión contra los familiares que se manifestaban. “Lo que se reclama básicamente no es solo el salario, sino mejores condiciones laborales y de cuidado de la fuerza policial, que —según ellos— han quedado de lado por el gobierno provincial”, señaló Rossetti en el programa Arriba Argentinos.
Tras las protestas, el gobierno provincial desplaza a 20 efectivos
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció que al menos 20 policías serán pasados a disponibilidad y advirtió sobre posibles sanciones administrativas y penales por los incidentes registrados en Rosario y otras localidades.
En conferencia de prensa desde la Sede de Gobierno de Rosario, Cococcioni indicó que se intentó impedir la salida de al menos 20 móviles policiales y que algunos agentes abandonaron temporalmente el servicio, aunque aseguró que el patrullaje se mantiene con normalidad.
El funcionario explicó que los efectivos desplazados fueron separados del servicio, con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibalas, y que se investigan posibles delitos penales en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación. A su vez, reconoció la legitimidad del reclamo salarial, pero subrayó que se registraron acciones antijurídicas promovidas por grupos con intereses particulares.
El acuartelamiento parcial genera preocupación en provincias vecinas, incluyendo Entre Ríos, donde las autoridades siguen de cerca la situación ante posibles repercusiones.
