El nuevo esquema comenzó a diseñarse hace casi dos años, luego de que la actual gestión detectara importantes diferencias entre escuelas en la calidad de los alimentos, distintos precios para productos similares, dificultades para ejercer controles homogéneos y una sobrecarga administrativa sobre directivos y docentes, que en muchos casos debían destinar tiempo a gestionar compras, buscar proveedores y administrar recursos destinados a la alimentación escolar.
Un proceso licitatorio que llevó varios meses
El expediente se inició en agosto de 2025 y el llamado a licitación pública fue autorizado en abril de 2026, luego de la elaboración de los pliegos y la intervención de los organismos técnicos y de control correspondientes.
Durante el proceso se presentaron dos empresas. Tras la evaluación de la documentación y de las ofertas, una de ellas fue desestimada por incumplimientos documentales y administrativos previstos en los pliegos, mientras que la restante cumplió con la totalidad de los requisitos técnicos, administrativos y de calidad exigidos para la prestación del servicio.
La adjudicación se realizó sobre la base de criterios previamente establecidos en la licitación N 02/26 y no por el lugar de radicación de la empresa.
