Un reciente informe del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) volvió a poner a la educación pública en el centro del debate provincial. El estudio asegura que en la provincia existe un docente cada cinco alumnos y que el gasto educativo es un 50% superior al de Córdoba, cifras que, lejos de pasar inadvertidas, despertaron críticas y sospechas sobre el verdadero objetivo del análisis.
Desde distintos sectores se advierte que el trabajo no es ingenuo ni técnicamente neutral. Por el contrario, se lo interpreta como una herramienta discursiva orientada a instalar la idea de ineficiencia del sistema educativo, preparando el terreno para ajustes, recortes y reestructuraciones que el gobierno provincial ya viene impulsando.
Bajo un lenguaje tecnocrático, frío y aparentemente objetivo, el informe reduce la educación a costos, ratios y rendimientos, dejando de lado su dimensión social, cultural y humana. No analiza la realidad educativa en toda su complejidad, sino que la fragmenta y la simplifica para hacerla encajar en una lógica de mercado que concibe a la educación como un gasto y no como una inversión estratégica del Estado.
El CEER no forma parte de la comunidad educativa: no recorre escuelas rurales, no habita aulas superpobladas ni dialoga con docentes y estudiantes. Representa intereses económicos y, desde ese lugar, pretende ofrecer diagnósticos y soluciones sobre un derecho fundamental, como si el sistema educativo funcionara bajo las reglas de una empresa privada.
La principal preocupación radica en que este tipo de informes pueda ser utilizado por el gobierno como respaldo técnico para justificar decisiones que impacten de lleno en la educación pública. Lo que hoy se presenta como una búsqueda de “eficiencia”, mañana podría traducirse en menos escuelas, menos docentes y menos oportunidades para miles de entrerrianos.
Hablar de educación sin contemplar el contexto social, la desigualdad territorial y el rol indelegable del Estado implica caer en una trampa ideológica. Medir la educación con parámetros empresariales es desconocer su esencia: no se educa para maximizar ganancias, sino para formar ciudadanos, garantizar igualdad de oportunidades y sostener la democracia.
Desde esta mirada crítica, el informe no apunta a mejorar la educación pública, sino a debilitarla y desprestigiarla, convirtiéndola en una variable de ajuste. En definitiva, se cuestiona que se opine desde escritorios sin escuchar a quienes viven la escuela todos los días. La educación se construye con políticas públicas participativas, no con diagnósticos funcionales al recorte.
