Tras el escándalo que comienza a tomar estado público, una denuncia presentada este miércoles ante el Ministerio Público Fiscal señala un presunto mecanismo de recaudación ilegal dentro de la Policía de Entre Ríos, al que los propios denunciantes denominaron la causa de los “adicionales truchos”.
De acuerdo a la presentación, el caso configuraría un “escandaloso saqueo de fondos públicos” que involucraría a sectores de la cúpula policial y a civiles, mediante un sistema que habría permitido desviar recursos hacia bolsillos particulares. La denuncia que, según indicaron, demandó meses de trabajo describe una operatoria compleja cuya magnitud, afirman, reviste gravedad institucional.
Aunque se trata de funcionarios policiales en actividad, los denunciantes solicitaron expresamente la reserva de su identidad por temor a represalias dentro de una estructura que describen como jerárquica. La presentación cuenta con el patrocinio legal de abogados que actúan como voceros del planteo.
En paralelo, los efectivos impulsaron una medida cautelar urgente para resguardar su integridad física, psíquica y laboral, así como la tranquilidad de sus familias. En ese marco, pidieron al fiscal interviniente que se notifique a la Jefatura de Policía de Entre Ríos, encabezada por el comisario general Claudio Omar González, a fin de evitar cualquier medida que pueda interpretarse como represalia.
El planteo incluye un pedido de “no innovar” sobre la situación laboral de los denunciantes, solicitando que no se dispongan traslados, cambios de destino o sanciones sin sustento legal. Asimismo, se requirió garantizar sus condiciones de trabajo y evitar cualquier tipo de hostigamiento o presión.
En los fundamentos, los denunciantes advierten que la operatoria investigada podría implicar el uso de herramientas institucionales como mecanismos de presión o encubrimiento, por lo que consideran necesaria la intervención de las máximas autoridades para preservar la investigación.
Finalmente, el escrito también menciona la expectativa de que el gobierno provincial adopte medidas ante la gravedad de los hechos denunciados, en línea con los compromisos de transparencia en la gestión pública.
