Un grupo de ex trabajadores de la planta “La China”, propiedad del Grupo GTA – Granja Tres Arroyos, entregó este fin de semana un petitorio al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, durante su visita a la ciudad. En el documento, los ex empleados expusieron la grave situación social y económica que atraviesan tras ser despedidos de manera masiva y, según denuncian, sin recibir la correspondiente liquidación e indemnización.
Más de 50 personas fueron notificadas de su desvinculación mediante telegramas, muchos de ellos amparados en el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, otros bajo justificaciones que consideran arbitrarias. A casi tres meses de los despidos, los trabajadores aseguran que no han percibido los montos adeudados, y que las certificaciones laborales entregadas carecen del desglose indemnizatorio prometido.
El conflicto, que tuvo su punto más crítico entre enero y febrero de este año, implicó el cierre unilateral de la planta por parte de la empresa, el despliegue policial en el perímetro y la falta de pago de sueldos en tiempo y forma. Aunque muchos empleados enviaron telegramas para retomar sus tareas, el acceso continuó bloqueado.
También señalaron que algunos trabajadores reincorporados tras licencias médicas fueron presionados para aceptar retiros voluntarios con pagos en cuotas. Mientras tanto, los despedidos denuncian que no han recibido ningún pago, a diferencia de quienes accedieron al retiro.
El presidente del grupo, Joaquín de Grazia, justificó las medidas por un supuesto “preventivo de crisis”, a pesar de haber reconocido públicamente que la producción y ventas se mantenían estables. Según los trabajadores, esta maniobra fue utilizada para reducir costos y beneficios laborales con el objetivo de mejorar la competitividad.
En el petitorio entregado al gobernador, los ex empleados también cuestionaron la falta de apoyo del sindicato STIA, que, aseguran, ha abandonado su rol de representación. Además, expresaron su desesperación ante la imposibilidad de afrontar gastos básicos, como alimentos, servicios y atención médica. Algunos de ellos son padres de niños con discapacidad y no pueden acceder a medicación ni calefacción.
“Solo pedimos que se nos pague lo que legalmente nos corresponde. No pedimos volver a nuestros puestos, pedimos justicia laboral”, expresaron.
Finalmente, exigieron mayor control estatal sobre las declaraciones juradas de la empresa ante organismos como el ARCA, y pidieron al gobernador su intervención para destrabar un conflicto que afecta a más de 300 familias de la región. (Uruguayenses)
