En Entre Ríos, la paridad en los salarios mínimos de policías, estatales y docentes ha sido una constante histórica. Esta igualdad salarial permitió que la policía, aunque no sindicalizada y por tanto sin posibilidad de manifestarse, apoyara las luchas docentes y estatales por mejores sueldos. Un sargento de policía comentó en una ocasión: “Nos mandan a seguirlos en las movilizaciones, pero nosotros los apoyamos, porque si ustedes consiguen mejores sueldos, eso nos beneficia también a nosotros”.
Esta solidaridad ha sido una característica distintiva de la provincia, donde las conquistas de un sector a menudo se reflejaban en beneficios para los demás. Un reciente ejemplo de ello se vio cuando la lucha docente logró extender un bono originalmente excluido a jubilados provinciales, abarcando también a la policía, pese a que los gremios docentes lo rechazaron por considerarlo inconstitucional.
Sin embargo, el actual gobernador, Rogelio Frigerio, originario de Buenos Aires, parece desconocer esta idiosincrasia entrerriana. Con su reciente política salarial, ha dictado un decreto que rompe esta paridad, otorgando un salario significativamente mayor a la policía en comparación con los docentes. Esta estrategia ha sido vista como un intento de desvincular a las fuerzas de seguridad del resto de los trabajadores estatales, algo típico de gobiernos que buscan apoyarse en la represión.
Los efectos de esta política ya son evidentes. Durante una reciente movilización de trabajadores de la educación, en la que tradicionalmente la policía mostraba simpatía y apoyo, se vivió una situación diferente. Al intentar realizar pintadas con sus reclamos, los docentes se encontraron con la oposición activa de la policía, que actuó bajo órdenes directas, incluso cuando entre ellos había exalumnos de esos mismos maestros.
El salario mínimo actual de un agente de policía es de $678.000, mientras que el de una maestra es de $365.028, cifras que alguna vez fueron equivalentes. La oferta gubernamental para los docentes es de $383.300 como sueldo básico, con un incremento adicional que, con subsidios, llega a $450.000, una diferencia que sigue siendo significativa.
Ante la posibilidad de nuevas protestas docentes, se espera que el gobierno recurra al Poder Judicial para imponer una conciliación obligatoria, usando las fuerzas de seguridad para sofocar las manifestaciones. No obstante, la esperanza entre los entrerrianos es que esta nueva política no logre dividir a los sectores que históricamente han trabajado juntos por el bienestar de la provincia.
Víctor Hutt, docente de Entre Ríos, publicó en sus redes sociales una crítica a la medida del gobernador, reflejando la preocupación generalizada por las consecuencias que esta política podría tener en la cohesión social y el progreso de la región.
