Este esquema implica trasladar al próximo gobierno —y a todos los entrerrianos— una carga financiera de 750 millones de dólares de capital, más sus intereses, que se suman a una deuda local que ya supera el billón de pesos. Para dimensionar la magnitud, el presupuesto total de Entre Ríos para 2025 equivale a unos 3.660 millones de dólares al valor oficial: el nuevo préstamo representa casi el 14 % de ese presupuesto anual, y si se suma el capital total involucrado, alcanza al 20 %. Es decir, un quinto de lo que la provincia dispone por ley para todo un año quedaría comprometido en una sola operación de endeudamiento.
Si llevamos esta comparación al plano local, el presupuesto de Concepción del Uruguay para el presente ejercicio es de unos 44.050 millones de pesos, lo que equivale a 32,8 millones de dólares. El nuevo préstamo provincial equivale a más de 15 presupuestos anuales de nuestra ciudad, y el capital total involucrado asciende a casi 23 veces ese presupuesto. Este dato revela con crudeza la dimensión del endeudamiento: una sola operación financiera provincial supera en múltiples veces los recursos anuales con los que cuenta un municipio importante como el nuestro.
Conviene recordar que la deuda en dólares que hoy se denuncia tomada por la provincia en 2017, fue un esquema financiero impulsado cuando Frigerio, como ministro del Interior de Mauricio Macri, alentaba el endeudamiento externo y dio su aval explícito para esa operación. Aquella estrategia —repetida en varias provincias— dejó compromisos en moneda extranjera que condicionaron la economía provincial por años. Incluso, en ese entonces, se ofreció a los municipios tomar deuda en dólares: Concepción del Uruguay fue el único municipio que no lo hizo, porque con criterio se entendió que ese camino ponía en riesgo las finanzas locales y comprometía el futuro de nuestros vecinos.
Hoy, con el presidente Milei, Frigerio aplica la misma receta: un ajuste feroz, concentración de recursos en la Nación y provincias arrodilladas, obligadas a endeudarse en condiciones desfavorables. Endeudarse más caro, en dólares, y postergar obligaciones propias no es planificación responsable: es hipotecar el futuro para aliviar la coyuntura presente y llegar con lo justo a las elecciones de octubre.
Entre Ríos necesita previsibilidad y responsabilidad fiscal. Gobernar es asumir los costos de las decisiones, no trasladarlos al que viene después. No podemos aceptar que se nos imponga una deuda que pagarán, con esfuerzo, las próximas generaciones de entrerrianos, solo porque se pretende ganar una elección general en octubre a cualquier costo.
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal PJ
Concepción del Uruguay
