El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha un operativo de relevamiento y fiscalización de las construcciones existentes en el Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, con el objetivo de controlar las ocupaciones y preservar el ecosistema insular.
Las tareas son llevadas adelante por el Cuerpo de Guardaparques, en el marco de las acciones coordinadas por la Secretaría de Ambiente y la Intendencia del área natural protegida.
Para realizar las inspecciones se toma como referencia el Censo de Estructuras Precarias efectuado en 2024. Durante los recorridos, los guardaparques verifican que las ubicaciones y dimensiones de las construcciones coincidan con las registradas en ese relevamiento. Toda edificación o intervención que no figure en el censo será considerada irregular.
Desde las autoridades provinciales recordaron que las tenencias registradas tienen carácter exclusivamente precario y temporal. Esto significa que no otorgan derechos de propiedad ni derechos reales, y que tampoco pueden heredarse, alquilarse, venderse, cederse o transferirse.
Qué está prohibido en las islas
El operativo se desarrolla en cumplimiento de las leyes provinciales N.º 11.156, N.º 11.164 y la Ley de Áreas Naturales Protegidas N.º 10.479, además del Plan de Manejo y el Plan de Uso Público vigentes.
En ese marco, está prohibido realizar nuevas construcciones posteriores al censo de 2024, ampliar o refaccionar las estructuras relevadas, talar árboles, desmontar, podar vegetación nativa o efectuar cualquier intervención que altere el ecosistema insular.
El intendente del Parque Natural Provincial, Alberto Zapata, sostuvo que el objetivo es ordenar el territorio y garantizar la conservación del área protegida.
«El Censo 2024 es nuestra línea de base: no vamos a permitir nuevas ocupaciones, ampliaciones ni desmontes en las islas», afirmó. También remarcó que los controles cuentan con respaldo legal y presencia permanente de los guardaparques en el territorio.
Demoliciones y sanciones ante incumplimientos
Uno de los puntos centrales del operativo es la posibilidad de actuar ante construcciones o intervenciones que no respeten la normativa.
Según informó el Gobierno provincial, la autoridad de aplicación está facultada para disponer la demolición y remoción inmediata de las obras infractoras, además de aplicar las multas y sanciones administrativas previstas en la legislación ambiental.
Desde la cartera de Ambiente solicitaron a pobladores y visitantes que respeten las disposiciones vigentes y colaboren con la protección de las islas y sus recursos naturales.
(Uruguayenses.com)
