En tiempos donde el ruido se ha convertido en una forma cotidiana de contaminación, la provincia de Entre Ríos podría dar un paso significativo hacia el respeto del silencio. La diputada Gabriela Lena presentó un proyecto de ley que busca prohibir el uso de escapes modificados que superen los límites permitidos de sonido en toda la provincia.
La iniciativa no solo apunta a una cuestión técnica o de tránsito, sino a un problema que afecta directamente a la calidad de vida de miles de personas. Según el proyecto, los escapes que generen ruidos excesivos —como los que suelen instalarse en motocicletas y autos para obtener un sonido más potente— serán considerados ilegales. En estos casos, la Policía tendrá la autoridad para controlar, multar, retener el vehículo e incluso destruir el escape no autorizado.
Pero más allá del castigo, la propuesta incluye un enfoque preventivo. Los fondos recaudados por las multas se destinarán a la compra de decibelímetros, la capacitación del personal encargado del control y la realización de campañas de concientización sobre el impacto del ruido en la salud pública.
El texto pone especial atención en proteger a grupos particularmente vulnerables al ruido intenso, como niños, adultos mayores y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes pueden sufrir consecuencias físicas y emocionales ante sonidos estridentes y constantes.
“Es una ley pensada no solo desde la regulación, sino desde el respeto”, señalan desde el entorno de la legisladora. Con esta norma, Entre Ríos podría convertirse en una de las primeras provincias del país en abordar el ruido vehicular como un problema de salud y bienestar colectivo.
