Ayer, Concepción del Uruguay volvió a ser escenario de incendios forestales que no deberían existir. Los Bomberos Voluntarios recibieron llamados por focos ígneos en Díaz Vélez e Ituzaingó, en la zona de FEPASA, en el sector del CECAT y sobre la Autovía Nacional Artigas, frente a la caminera Bella Vista. No se trató de hechos aislados ni de accidentes inevitables: son el resultado directo de quemas ilegales que continúan ocurriendo pese a estar expresamente prohibidas.
Desde el cuartel y los organismos ambientales se recuerda que está prohibido quemar hasta el 28 de febrero de 2026, en cualquiera de sus formas, según la Resolución N.º 1685/25 de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y la Ley Provincial N.º 9.868 de Manejo del Fuego. La normativa es clara y también lo son las sanciones previstas por el Decreto N.º 3186/09. Lo que no aparece es la aplicación efectiva de la ley: no hay multas visibles, no hay responsables identificados y no hay controles sostenidos.
La consecuencia de esta inacción se mide en recursos y en riesgos. Cada salida de los Bomberos Voluntarios implica combustible, desgaste de autobombas, horas de trabajo y exposición del personal, todo para apagar incendios que podrían evitarse. El cuerpo bomberil, sostenido en gran parte por el esfuerzo de la comunidad, termina pagando el costo de una práctica ilegal que el Estado no logra —o no decide— frenar.
