Este jueves, durante la última sesión del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, se trató un proyecto de comunicación presentado por el edil Juan Martín Garay (Juntos por Uruguay), que solicita la devolución de un adicional cobrado a los vecinos de la ciudad sobre los impuestos Inmobiliario y Automotor, el cual, según la iniciativa, fue aplicado sin fundamento legal desde finales del año pasado.
La controversia fue inicialmente señalada por el dirigente massista de Gualeguaychú, Guillermo Michel, quien a través de sus redes sociales alertó sobre la situación que afecta a los contribuyentes de la provincia de Entre Ríos. Según explicó Michel, el adicional se estableció en 2013 mediante una modificación del Código Fiscal Provincial (Ley N° 10.270), y aunque se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023, el cobro continuó figurando en las boletas a partir de ese momento, sin la debida prórroga legal.
El bloque de concejales de Juntos por Uruguay presentó el proyecto en el que exigen al gobierno provincial que “instrumente el mecanismo respectivo para devolverle a cada vecino de nuestra ciudad el adicional cobrado sin sustento legal desde el 31 de diciembre de 2023 hasta la fecha”.
La Modificación del Código Fiscal y la Falta de Sustento Legal
En los considerandos del proyecto, los ediles detallaron que la Ley Provincial N° 10.270, sancionada en diciembre de 2013, introdujo una modificación al Código Fiscal de Entre Ríos, estableciendo un adicional de entre el 20% y el 30% sobre los impuestos Inmobiliario y Automotor. Este adicional estaba destinado a financiar el «Fondo de Seguridad Social», identificado en las boletas con el nombre «Fondo de Seguridad Social Ley 10.270/Ley 10.403».
Los concejales precisaron que, según la normativa original, el adicional tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, y fue prorrogado en las leyes de presupuesto anuales, con excepción de la ley de presupuesto para 2024. Esto dejó a los contribuyentes con un cobro adicional sin respaldo legal a partir del 1 de enero de 2024.
“De acuerdo con la ley vigente, el gobierno provincial carece de base normativa para seguir cobrando este adicional a partir de enero de 2024”, señalaron los ediles. Además, resaltaron que en caso de que se apruebe alguna ley que avale el cobro retroactivo de este adicional, se estaría violando el principio de irretroactividad de la ley, el cual establece que las leyes no pueden aplicarse a situaciones previas a su promulgación.
Un Cobro Ilegal y la Necesidad de Devolución
Los concejales destacaron que, sin una ley que autorice el cobro, el adicional que sigue figurando en las boletas es ilegal. Por ello, pidieron al gobierno provincial que actúe con urgencia para evitar demandas masivas de los ciudadanos, implementando un mecanismo para la devolución del dinero cobrado indebidamente.
“Es sabido por todos que sin una ley que lo autorice no se puede cobrar a los ciudadanos un impuesto”, subrayaron los concejales, concluyendo que el gobierno provincial, al no haber prorrogado la vigencia de la ley, debe devolver a cada vecino el dinero que se cobró sin sustento legal.
