Un dictamen del Ministerio Público Fiscal determinó que una demanda civil iniciada contra la República Oriental del Uruguay por presuntos daños y perjuicios ambientales deberá tramitarse ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Según se desprende del documento, se descartó la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo a lo indicado en el expediente N° FPA 3276/2026, la presentación fue realizada por un particular contra el Estado uruguayo y una empresa con domicilio en Paysandú. La acción judicial se enmarca en un reclamo por supuestos perjuicios derivados de la instalación de una planta industrial en la ciudad vecina, lo que habría generado consecuencias en la zona fronteriza de Colón, en Entre Ríos.
En el escrito, la fiscal interviniente analizó los alcances de la competencia judicial y concluyó que no se configuran las condiciones necesarias para que intervenga directamente la Corte Suprema. Según fundamentó, la normativa vigente establece límites claros respecto a los casos que pueden tramitarse en esa instancia, especialmente cuando se trata de demandas contra estados extranjeros.
En el marco de la investigación, se evaluaron antecedentes jurisprudenciales y disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, así como artículos de la Constitución Nacional. En ese sentido, se señaló que los Estados extranjeros no poseen la condición de aforados ante la instancia originaria del máximo tribunal.
Asimismo, se indicó que la competencia debe definirse en función de los hechos expuestos en la demanda y no únicamente por las partes involucradas. Bajo ese criterio, la fiscal consideró que corresponde que el proceso continúe en el ámbito del juzgado federal con jurisdicción en la zona.
Por el momento, no se informaron medidas cautelares ni resoluciones sobre el fondo de la cuestión. La causa continuará su trámite en el fuero federal local, donde se analizarán los elementos probatorios y los planteos de las partes involucradas.
El dictamen fue emitido en marzo de 2026 y lleva la firma digital de la representante del Ministerio Público Fiscal con asiento en Concepción del Uruguay. (Nota Uruguayenses)
