La Justicia Federal de Victoria avanzó en el amparo presentado por los legisladores entrerrianos Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, y otorgó un plazo de tres días al Estado nacional y al organismo demandado para que informen sobre el interés público comprometido por el pedido de una medida cautelar vinculada con los fondos destinados a la infraestructura vial.

La decisión fue firmada por el juez federal Federico Martin el 29 de septiembre de 2026, en el expediente 12957/2026, caratulado “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986”.

En la resolución, el magistrado tuvo por modificada la demanda en los términos del artículo 331 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y dispuso comunicar esa modificación al Ministerio Público.

Además, de acuerdo con el dictamen del fiscal federal subrogante, declaró inicialmente la procedencia del fuero federal y la competencia territorial del Juzgado Federal de Victoria para intervenir en la causa.

Nación deberá presentar un informe en tres días

Uno de los puntos centrales de la resolución es el requerimiento dirigido a las partes demandadas. El juez consideró que, al tratarse de una demanda contra el Estado nacional y un organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, corresponde aplicar las disposiciones de la Ley 26.854.

Por ese motivo, antes de resolver la medida cautelar positiva solicitada por los legisladores, requirió que las demandadas presenten, dentro de los tres días, un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud.

El documento también establece que, al presentar ese informe, los organismos podrán expedirse sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida cautelar y acompañar la documentación que consideren pertinente.

El reclamo por los recursos destinados a las rutas

El amparo fue promovido por Bahl, Michel y Marclay para reclamar que los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), financiados mediante el impuesto a los combustibles, sean destinados a la infraestructura vial, de acuerdo con el planteo de los legisladores.

La presentación cuestiona el destino de esos fondos y reclama que se apliquen al mantenimiento, conservación y ejecución de obras en las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos.

Entre los corredores incluidos en el reclamo se encuentran las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, entre otras.

La resolución conocida representa un avance procesal en la causa, pero todavía no constituye una decisión favorable sobre el pedido de cautelar. El juez deberá evaluar la información que presenten los organismos demandados antes de pronunciarse sobre la medida solicitada.

De esta manera, el expediente continúa su trámite en la Justicia Federal de Victoria, mientras se espera la respuesta del Estado nacional y del organismo vinculado al área de Transporte.

(Uruguayenses.com)