La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Concepción del Uruguay emitió este jueves un duro comunicado en el que cuestionó al director del Hospital Justo José de Urquiza, Ariel Vales, por la información difundida sobre la cantidad de empleados del establecimiento y, al mismo tiempo, denunció una grave situación de violencia laboral ocurrida dentro del nosocomio.
Desde el gremio sostuvieron que el director del hospital manifestó públicamente que la institución cuenta con 1.460 trabajadores, aunque aseguraron que un informe oficial al que tuvieron acceso indica que la planta efectiva asciende a 882 empleados, entre personal de planta permanente, temporaria y extraordinaria.
Según ATE, la diferencia entre ambas cifras es de 578 trabajadores, situación que, afirmaron, genera una percepción equivocada sobre el funcionamiento del hospital y distorsiona el debate respecto de las necesidades de recursos humanos.
Por otra parte, la organización sindical denunció haber tomado conocimiento de una presentación realizada por una trabajadora contra el jefe de Servicios Generales por un presunto hecho de abuso ocurrido en el ámbito laboral.
En el comunicado, ATE sostuvo que hasta el momento no se habrían activado los protocolos de actuación previstos para situaciones de violencia laboral y de género, ni se habrían adoptado medidas preventivas para resguardar a la denunciante.
Además, indicaron que el denunciado continuaría desempeñando sus funciones con normalidad, lo que, según el gremio, genera preocupación y un escenario de revictimización.
Ante este panorama, la entidad sindical exigió:
- La rectificación pública de la información difundida sobre la cantidad de trabajadores.
- La difusión de datos oficiales sobre la planta real y las necesidades del establecimiento.
- La activación inmediata de los protocolos de actuación.
- Medidas preventivas de protección para la trabajadora denunciante.
- La intervención del Ministerio de Salud de Entre Ríos.
Finalmente, desde ATE reafirmaron su compromiso con la defensa de la salud pública y los derechos de los trabajadores, y reclamaron «respuestas concretas, transparencia en la gestión y decisiones que coloquen en el centro a las y los trabajadores y a la comunidad».
