«El Gobierno de Entre Ríos, por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, procura la reparación patrimonial del daño a través de todos los canales jurídicos posibles», expresó el fiscal de Estado. En este sentido, explicó que la participación de la Fiscalía de Estado como actor civil en el proceso penal «es un paso fundamental dentro de ese plan de recupero que fijó el Poder Ejecutivo».
Asimismo, Rodríguez Signes recordó que «la Fiscalía de Estado es un órgano autónomo en el ejercicio de su competencia y tiene la legitimación suficiente para promover acciones civiles, sin necesidad de autorización ni condicionamiento de otros organismos». En esa línea, subrayó: «Nuestro deber es defender el patrimonio de la provincia y por eso ejercemos la acción civil contra los imputados, con base en la prueba producida y en los contratos irregulares detectados».
El fiscal precisó además que, de acuerdo con las pericias realizadas en la investigación, el perjuicio patrimonial reclamado asciende a 392 millones de pesos, monto que constituye la base de la demanda civil presentada por el Estado entrerriano.
Rodríguez Signes remarcó la trascendencia institucional de la causa: «Se trata de un hecho de gran magnitud, que involucra acusaciones de peculado y asociación ilícita. La acción de la provincia en este proceso busca garantizar que, además de las responsabilidades penales, se concrete la reparación del daño ocasionado al erario público».
En paralelo, el Gobierno de Entre Ríos avanza en el examen de los contratos irregulares con el fin de declarar su nulidad, en el marco de lo dispuesto por el decreto 604 que instruyó a las cámaras legislativas a intervenir sobre esta cuestión.
«Defender el interés de la provincia implica utilizar todas las herramientas legales, democráticas y constitucionales para reparar el daño y recuperar lo que irregularmente salió del patrimonio público», concluyó el Fiscal de Estado.
